El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, aseguró que el paro cívico convocado en rechazo a los resultados del Censo de Población y Vivienda se está desarrollando con un 98% de acatamiento en la capital y las provincias cruceñas. Durante un balance de la primera mitad de la jornada, destacó la "contundencia" de la medida, a pesar de las diferencias de opinión entre los ciudadanos.

“La gente se mantuvo firme en su casa, como pedimos, y los puntos de bloqueo están siendo respetados sin generar conflictos. Aunque algunos mercados en zonas controladas por el Movimiento Al Socialismo están funcionando, en general, el paro es contundente”, afirmó Larach.

Además, destacó la participación activa de las provincias cruceñas en esta jornada de protesta. “El Norte Integrado ha reportado un 90% de acatamiento, con bloqueos y paros en la mayoría de los municipios. Incluso en la Chiquitania, a pesar de los incendios forestales, se han registrado puntos de bloqueo, y en el sur y los Valles, también se reportan manifestaciones”.

La Asamblea de la Cruceñidad ha conformado una comisión técnica que, a partir del lunes, comenzará a trabajar en estudios complementarios para demostrar lo que califican como un fraude en los resultados del censo. Esta comisión está integrada por representantes de la Gobernación, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y el Comité pro Santa Cruz.

“No podemos quedarnos callados”, aseguró Larach. “Vamos a demostrar técnicamente, con los datos del propio Instituto Nacional de Estadística (INE), que hubo fraude, y si es necesario, impulsaremos acciones legales contra los responsables”, sostuvo.

Para la tarde, el Comité tiene planificado realizar una caravana para inspeccionar los puntos de bloqueo restantes y agradecer a la población por su apoyo. Sin embargo, no se ha programado ninguna concentración masiva.

Lea también

PAÍS

Gobierno evalúa la protesta cruceña: “Todo paro es un perjuicio, se debe dejar de hablar de manera política”

La administración de Luis Arce ratifica que el censo está abierto a un proceso de fiscalización o revisión