“Las heridas están abiertas”. El presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, no abandona su empeño de pedir justicia con sus compañeros de profesión secuestrados en Las Londras (predio del municipio de El Puente). Han transcurrido tres meses y la impresión generalizada percibe que el caso se diluye “para olvidarlo”.

Percy Suárez, camarógrafo de ATB, manifiesta su frustración por el avance insignificante de la causa. “Al principio, los dos primeros meses, estaba preocupado y asustado”. Las disparos y agresiones con que recibieron a los fiscales incrementó la sensación de inquietud. Sin embargo, durante el último mes, las emociones tornaron hacia la frustración “porque no se hace nada”.

El fotoperiodista de EL DEBER, Jorge Gutiérrez, se muestra más escéptico. “No me sorprende. Desde un inicio, me imaginé que no iba a suceder nada”, revela. Ahora, señala que se impone la sensación de “indefensión” porque es notorio que las autoridades no quieren hacer nada.

Con el tiempo de por medio, tanto Gutiérrez como Suárez tienen un mismo anhelo. “Quisiéramos no olvidarnos de un hecho que sucedió”, matiza el camarógrafo.

Dice el dicho que ‘el tiempo lo cura todo’. Así lo asume Gutiérrez. “Obliga a remar hacia adelante. El trabajo me sirve de terapia”, explica. Atrás quedaron los momentos donde las horas de tortura angustiaban.

Roberto Méndez también forma parte del equipo jurídico que impulsa la causa de los seis periodistas secuestrados y torturados por los encapuchados armados en Las Londras. Ese día, también fueron emboscados seis policías y una decena de trabajadores vinculados a propiedades agrícolas.

Han pasado tres meses. El campesino Sixto Canaza es el único aprehendido, de manera cautelar, en Palmasola. En el camino se han quedado cinco mandamientos de aprehensión más y 22 citaciones.

“La Policía no ha cumple su misión constitucional de ofrecer seguridad”, observa Méndez y ve que “falta efectividad”.

Percy Suárez logró registrar la emboscada del grupo irregular armado en una secuencia de poco menos de dos minutos. “Si no fuera por esas imágenes, no habría ninguna evidencia de las agresiones”, considera.

Esas imágenes han servido para avalar el testimonio de los periodistas afectados. A pesar de lo testimonial del video, la justicia ha congelado el caso. “Es una injusticia que vivimos”, lamenta, por la falta de acción por parte del Ministerio Público.

Durante este tiempo, han mantenido cierto contacto con los fiscales encargados del caso. Las coberturas mediáticas, sobre todo marcadas por el caso de los ítems fantasmas, los hacen coincidir. “Nos dan una palmada en la espalda, pero sabemos que poco más harán”, describe el camarógrafo y periodista.

Desde la Policía, la actitud es mucho más esquiva. “El comandante departamental, Erick Holguín, se molesta ante las preguntas”, cuenta Suárez y dice que debería haber preocupación por la defensa los propios policías agredidos.

La acción legal que proyecta Méndez contempla la posibilidad de enjuiciar a la autoridad policial por incumplimiento de deberes. “Vamos a solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Gobierno” para que no se concrete la impunidad, adelanta el representante de los periodistas en el departamento.

Han pasado tres meses y todavía persiste la unión entre los trabajadores de la prensa. “Es lo poco positivo que podemos rescatar de estos hechos”, sintetiza Méndez. Una unión necesaria ante unas agresiones que todavía persisten “por parte de los grupos antivacunas o a través de la línea discursiva del partido de Gobierno que atacar a los periodistas”, concluye el representante de un gremio que reafirma su compromiso con la sociedad.

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