La audiencia para la declaración de tres exfuncionarios de la Gobernación de Santa Cruz, acusados por la supuesta compra irregular de cinco cisternas aguateras, se vio suspendida este martes debido a la inasistencia del fiscal asignado al caso.

La actual gestión de la Gobernación, a cargo del gobernador suplente Mario Aguilera, sostiene que la compra de estas cisternas, realizada en 2022 para combatir incendios forestales, ocasionó un grave perjuicio al patrimonio departamental. Las sospechas apuntan a que la empresa SACI S.A. se benefició indebidamente con la adquisición de los vehículos por un valor total de Bs 3.790.500.

Los exfuncionarios citados a declarar son: Julio Fuentes Soliz, ex jefe del Programa de Fuego; Adita Montaño Rojas, ex directora de Recursos Naturales; y Orlando Saucedo Vaca, ex responsable del Proceso de Contrataciones de Licitación Pública y ex secretario de Hacienda.

La nueva fecha para su declaración ha sido fijada para el  22 de julio, a las 15:30 horas, en las dependencias de la Policía Departamental Anticorrupción, según informó Ricardo Sotillo, director de Asuntos Contenciosos de la Gobernación cruceña.

Según la denuncia presentada por la Gobernación, las cisternas adquiridas corresponden a modelos de los años 2016, 2017 y 2018, cuando lo recomendable era la compra de unidades más recientes con mejor tecnología y funcionalidad para un óptimo desempeño en el combate a los incendios.

En contexto

Esta investigación se suma a las ya existentes en contra de la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho, quien actualmente se encuentra detenido en el penal de Chonchocoro, en La Paz, por el caso denominado "Golpe I". En particular, este nuevo proceso se diferencia de las investigaciones por la compra irregular de un "carro bombero".

La denuncia por la compra de las cisternas fue presentada por la Gobernación ante el Ministerio Público, quien la admitió recientemente. Los exfuncionarios acusados enfrentan cargos por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

“La Gobernación adquirió en 2022 esos carros aguateros del 2016. Es decir, hablando de una forma coloquial, es que la Gobernación compró chatarras”, denunció Sotillo.

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