El concejal de Demócratas, Manuel 'Mamén Saavedra criticó este viernes la actuación del Ministerio Público, por no investigar de oficio las denuncias de supuesta corrupción que involucran a autoridades municipales de la anterior gestión edilicia.

Saavedra pregunta si el Ministerio Público "encubre la corrupción a cambio de pegas". ​​


El concejal critica la relación del fiscal departamental Róger Mariaca con un asesor jurídico que trabaja en la Alcaldía desde la gestión de Angélica Sosa. Luis Flores, suegro del fiscal Mariaca, cumple funciones como asesor legal en la Subdirección legal y administrativa, dependiente de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación. 

Para el concejal Saavedra, esta relación familiar puede ser la razón por la cual no prosperan las diversas denuncias realizadas contra la gestión de la exalcaldesa Angélica Sosa. Solicitará que también aclare "la falta de atención oportuna del Ministerio Público" sobre la denuncia de supuestos 800 ítems fantasmas.  

Ante las denuncias, el fiscal Mariaca "mira para otro lado y empieza a llamar a las víctimas y a los denunciantes y no a los denunciados", dijo Saavedra al agregar que "en reiteradas ocasiones ha mostrado negligencia para resolver casos relacionados a la gestión de Angélica Sosa". 

En concreto alude a dos casos. Uno de ellos se relaciona con la denuncia de más de 2.000 contratos irregulares formulada en mayo de este año y que supuestamente provocó un daño al municipio de más de Bs 25 millones.

En ese caso, "el Ministerio Público rechazó la denuncia sin darse el tiempo para investigarlo", puntualiza. 

En un segundo caso, respecto a la denuncia de los 800 ítems fantasmas, "el Ministerio Público tenía la documentación desde septiembre y no movieron una uña", enfatiza el edil. 

Saavedra solicita la creación de una instancia especial de investigación para indagar estas denuncias y "acabar con los funcionarios públicos que se enriquecen, acabar con ese negocio redondo". Además, apunta a recuperar ese dinero que servirá al municipio para obras. Se trataría, según los cálculos que realiza, de más de 200 millones de bolivianos.



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