Tiene los lentes rotos. Agustín Soto, secretario general de la Asociación Mutual de Personas Ciegas Santa Cruz, sabe lo que significa transitar por la capital cruceña con una limitación física. Es una hazaña.

Entre los mayores problemas de las personas con capacidades especiales, cuenta que están las barreras arquitectónicas, es decir partes que sobresalen de manera inoportuna en las edificaciones (parasoles, etc.), a menudo causantes de lesiones. Además, lamenta que las aceras estén gobernadas por el caos y los huecos, los que a menudo obligan a caminar por la calle, bajo el riesgo de accidentes de tránsito. Todo esto sin contar la vulnerabilidad frente a los robos.

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Según Soto, ya tuvieron casos de fracturas graves entre los asociados, debido al libre albedrío en la construcción de las aceras, a tal grado que ni las destrezas con el bastón salvan.

Soto quedó ciego a los 16 años, por un accidente laboral con cal cuando vivía en La Paz, que lo mantuvo internado por un año en un centro médico. A los ocho meses del suceso fue operado y ya lograba ver un poco, pero los “malos médicos”, dice, lo hicieron retroceder en sus avances.

Resignado a la pérdida total de la visión, se formó en Aprecia, en Sucre, con expertos bolivianos y alemanes en el uso del bastón, la lectura en Braille, y otras destrezas para llevar una rutina lo más normal posible.

Con el fin de sostener a su familia, empezó a vender tarjetas telefónicas, pero la tecnología fue desplazando ese negocio y, hoy, como Asociación, él y otros se ayudan con los ingresos por uso de los baños del antiguo Mercado Abasto, pero actualmente esta fuente de recursos es disputada en estrados judiciales con la 24 de Septiembre, una asociación de gremiales de ese mercado.

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“Tampoco es que nos dan gratis, nosotros pagamos impuestos a la Alcaldía, y además con esto damos trabajo a compañeros que se turnan”, dice.

Eligio Sirpa tiene 72 años y es miembro del mismo grupo que Soto. Perdió la vista por un accidente en una construcción, donde era contratista.

Dice que peregrinó para ser operado, luego de recibir tratamientos ‘parche’, pero que cuando tuvo la oportunidad de ser intervenido quirúrgicamente, el mal movimiento de un practicante que acompañaba al médico le redujo la poca visión que le quedaba.

Sirpa hoy es masajista formado con el apoyo de una ONG y de Semetra, pero ya no tiene la misma clientela de antes. Esto lo empuja a apostar por el arte público, es decir subir a los micros a cantar para ganarse unos pesos.

“Gracias a Dios me ayudan, de qué otro modo voy a vivir, hay que perder el miedo, vergüenza es robar, es arte público”, defiende.

Junto a otros compañeros, Sirpa está pensando ir a la feria navideña para dar masajes, igual como hacen en las Alasitas, pero admite que no es algo estable en lo económico.

Luis Alberto Rojas es vicepresidente de la Federación Cruceña de Personas con Discapacidad (Fecrupdi), pero también lidera la Asociación Cotoqueña Integral de Personas con Discapacidad.

Hasta donde recuerda, tenía dos años cuando la poliomielitis le dejó secuelas en una de las piernas, limitándole los movimientos en esta extremidad, y obligándolo al uso de muletas.

Antes trabajaba como técnico en motores a diésel, pero siente que es un trabajo muy pesado, físicamente hablando, así que por el momento se busca la vida de otro modo, y se dedica a la dirigencia de su sector.

Cada día, Rojas lucha con las “famosas” barreras arquitectónicas. Lamenta que la ciudad no esté trabajada ni pensada para personas con discapacidad. “Y conste que somos 30 mil registrados en Fecrupdi, pero no hay condiciones para movilizarse. Me ha pasado, incluso cuando voy a oficinas públicas en La Paz, que ni siquiera hay una rampa para subir, hasta tuve que gatear para escalar. El problema viene desde arriba, desde las mismas autoridades nacionales”, apunta.

De acuerdo a Rojas, si sobrellevar la discapacidad es difícil en la ciudad, peor les va a los de provincia, “es como si no existieran. Como dirigente me ha tocado hasta sacar certificado de nacimiento y carnet de identidad, a fin de que obtengan el carnet de discapacidad, porque sin eso es como si no existieran”, insiste.

Mario Cano, presidente de la Fecrupdi, tiene 47 años y perdió la movilidad en las piernas a los 40, cuando tenía una hija de meses de nacida.

Cree que todo fue culpa de una mala intervención durante una punción lumbar. “Yo era normal”, se lamenta.

Fue sometido a una cirugía y a fisioterapia que le ayudaron mucho, tanto que ya caminaba con muletas, pero tuvo una caída muy fuerte que volvió a postrarlo por meses. Mientras miraba la ventana, amanecía y anochecía; cuenta que al atardecer, los malos pensamientos lo invadían al sentirse tan inútil, ya que dejó de trabajar y tuvo que recibir apoyo de sus hermanos.

Aunque está jubilado por los años que trabajó y ese escaso dinero es de gran ayuda, admite que no es suficiente para pagar tomografía y resonancia. Tiene la esperanza de que puede volver a caminar, como ocurrió antes.

Transporte y empleo

Para llegar a la ciudad, porque vive en La Guardia, Cano debe pagar Bs 80. Los micros pocas veces lo recogen.

Sirpa y Soto también se quejaron del servicio de transporte público, creen que a lo mucho el 10% de los choferes es empático y se detiene por ellos. Lamentan que se incumpla la norma porque es una lucha pagar Bs 1, es decir la mitad del pasaje.

“Cuando queremos hacer viajes interprovinciales o departamentales, tenemos que acudir a la ATT para que nos auxilie, pero igual así, en las flotas nos muestran una escala de precios distinta a la ‘normal’, obviamente con los precios elevados”, dijeron.

Los cuatro indicaron que la mayoría de las personas con discapacidad sufre desempleo, y que las autoridades de la Gobernación y del Municipio solo les dictan talleres de repostería, cocina, etc., pero no apuestan por dar seguimiento y conformar microempresas.

Asimismo, cuestionaron los billetes, asegurando que los de antes eran mejores, porque como en otros países, permitían diferenciar los montos por cortes y texturas. “Hemos mandado unas 13 cartas al Ministerio de la Presidencia y al hoy presidente Arce, que dijo que dependía de Evo Morales, a quien nunca pudimos llegar”, dice Soto.

Según la Gobernación cruceña, solo en la capital hay casi 16.500 personas con discapacidad, en su mayoría varones, y en el rango de 21 a 59 años. En todo el departamento existen 58 asociaciones de personas con discapacidad, 34 con personalidad jurídica.

El 3 de diciembre hubo actividades para visualizar las dificultades de las personas con discapacidad, como una caminata. Se realizó de forma simultánea en todo el mundo. Fecrupdi también promovió la confraternización para todos sus afiliados, no solo en la capital cruceña, también en provincias.

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