El secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, Miguel Sorich, es consciente de los recortes incluidos en el POA 2025. Con Bs 200 millones menos y la misión de regularizar las cuentas de la Gobernación, ve necesario un pacto fiscal que desahogue las finanzas de las regiones. 

Un crédito de Fonplata ofrece un respiro y permite resolver la tensión por la vía Faja Norte- Yapacaní.

- El POA 2025 tiene un recorte que supera los Bs. 200 millones, ¿en qué partidas se realizó los mayores ajustes para poder trabajar dentro del techo presupuestario? 

Si bien la disminución del presupuesto entre 2024 y 2025 es de aproximadamente Bs. 200 millones, si no fuera por la obtención del financiamiento del proyecto Faja Norte (Yapacaní), que alcanza los Bs. 179 millones para la gestión 2025, la disminución hubiera sido mucho mayor, llegando incluso a los Bs. 380 millones.

Esta reducción se debe principalmente a la disminución de ingresos por concepto de regalías, lo que ha afectado diversas partidas, como el gasto corriente (Bs. 15.8 millones) y los proyectos de inversión (Bs. 237.7 millones). Por consiguiente, se han visto afectados programas y proyectos sociales, que deben postergarse para futuras gestiones ante la disminución de los ingresos.

- Hablando del techo presupuestario ¿La Gobernación tiene prevista alguna gestión ante el Gobierno para revertir el recorte dispuesto desde el Ministerio de Economía?

Se ha estado gestionado la reprogramación de parte de la deuda pública, la reducción de los gastos "transferidos" a las gobernaciones que son de competencia nacional como los prediarios, bono de vacunación, títulos de bachiller, etc. Además de la apertura hacia sistemas de financiamiento privado a través de Concesiones.

Entendemos que la principal estrategia debe ser la lucha por el Pacto Fiscal que implica modificar la estructura de ingresos del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, permitiendo su participación en las recaudaciones impositivas, ya que estas son más estables en comparación con los ingresos dependientes de la renta petrolera (pacto fiscal).

Finalmente, tenemos un capítulo pendiente de desarrollar que tiene que ver con la generación propia de ingresos para el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, de forma tal que esta recaudación de tasas y aranceles corresponda con el nivel de actividad que distingue al departamento de Santa Cruz, generando así mayores niveles de cobertura y tasas de recaudación más eficientes.

Cabe aclarar que la aprobación del presupuesto 2025 no implica, de ninguna manera, el reconocimiento de los datos del Censo 2025, por lo que esperamos que exista una corrección de estos datos y la compensación en la entrega de recursos para el departamento.

En el debate en la Asamblea Legislativa Departamental se observó que varias partidas del ámbito social (tercera edad, desayuno escolar, guardería, etc) así como otras vinculadas con las emergencias ambientales se han visto recortadas drásticamente. ¿Cómo explica el ejecutivo departamental estos ajustes?

Como se explicó líneas arriba, la reducción de los recursos producto de caída en las transferencias por concepto de renta petrolera ha determinado que se vean afectados todas líneas de gastos, entre ellas los programas y proyectos entre los que se incluyen los que corresponden al ámbito social.

Es importante aclarar que una de las características del presupuesto es que en el futuro puede ser modificado, ajustado y reasignado en el marco de las normas y procedimientos vigentes. De lo anterior se colige que los importes inicialmente presupuestados en estas partidas, podrán ser modificados e incrementados según las necesidades y disponibilidades durante la gestión 2025.

En la última reunión que sostuvo el gobernador Mario Aguilera con autoridades nacionales hizo énfasis en la redefinición de las competencias que corresponde a cada entidad. ¿se ve reflejado esa inquietud del gobernador en este POA? 

El trabajo ya está encaminado y se ha venido gestando a partir de la determinación conjunta de los gobiernos departamentales del país. En la medida en que estas propuestas se vayan concretando existen los mecanismos necesarios para efectuar los ajustes correspondientes los cuales se verán reflejados en el presupuesto de 2025. 

Entre estas acciones se incluyen la reprogramación de la deuda pública, el no pago del prediario, los ítems de salud, los títulos de bachilleres y el escalafón médico, entre otros. 

Uno de los puntos más tensos del debate está vinculado al crédito Fonplata, en un principio se observó una partida de Bs. 66 millones con un destino no esclarecido. Posteriormente el secretario de Hacienda, Miguel Sorich, alegó un error y redujo la cantidad a Bs. 39 millones. ¿Qué uso tendrán esos 39 millones que el propio Sorich reconoció que estaban flotando?

Lo que pasa con el asambleísta Zvonko Matkovic, pareciera que ignora de lo que habla y además lo hace de manera mal intencionada. Al parecer no entiende la diferencia entre lo que es un presupuesto y lo que es la ejecución de este presupuesto. En el presupuesto solo hacemos previsiones de algo que puede ocurrir.

No tiene nada que ver con alguna irregularidad en el tema del monto que el señala. El monto del que habla son en realidad 39 millones que se tenían que previsionar para pagar una deuda que la Gobernación tiene con el gobierno de un crédito del cual actualmente estamos buscando su reprogramación para darle un alivio financiero a esta gobernación que dejaron endeuda.

Finalmente, ese monto fue liberado y será usado justamente para programas de políticas sociales como los adultos mayores, los hogares de niños, las guarderías, desayuno escolar, las mujeres en situación de vulnerabilidad, programas de agua, emergencias o desastres entre otros.