La audiencia de declaración de la juez Albania Caballero, que debía desarrollarse la tarde de este lunes (14 de marzo), fue suspendida por determinación de la Fiscalía y reprogramada para las 15:30 horas del viernes 18 de marzo.
La magistrada fue denunciada por el diputado Rolando Cuéllar, del Movimiento Al Socialismo (MAS), por otorgar medidas sustitutivas a la exsecretaria municipal de Finanzas, Sandra Velarde, imputada por el caso vertedero.
“Lamentablemente la juez se presentó sin su abogado, esto es una chicanería jurídica y es una ofensa para la Justicia. Sin embargo, ya fue notificada con la nueva fecha de su declaración y el día viernes estaré aquí (a fuera de la Fiscalía) nuevamente pidiendo su aprehensión”, dijo el diputado.
Para Cuéllar, la magistrada incurrió en los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución el 11 de febrero pasado, cuando le otorgó medidas sustitutivas a Sandra Velarde, así como a Indira Suárez, exdirectora de Planificación, y Fabián Égüez, uno de los propietarios de los terrenos del vertedero municipal, que supuestamente fueron comprados con un sobreprecio de $us 8.000.000.
Por su parte, la juez aludida dijo que su determinación está enmarcada en las leyes vigentes y consideró que el diputado masista pretende hacer “uso de su influencia” para presionar a la Justicia sin “respetar la independencia de poderes”.
Además, indicó que se presentará a declarar las veces que el Ministerio Público la convoque y le dijo a Rolando Cuéllar que “se busque un abogado para que lo asesore” y así entienda que sus determinaciones fueron regulares y como lo manda en la Constitución.
Velarde ya está en Palmasola
La exsecretaria de Finanzas de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Sandra Velarde, fue enviada a la cárcel de Palmasola de manera preventiva, por 180 días. Esta decisión la tomó el vocal Nelson Alba, de la Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia, el 7 de marzo.
La medida de detención preventiva en el penal, fue dispuesta solamente para Velarde. Mientras que los otros dos investigados, Indira Suárez y Fabián Egüez, tienen arresto domiciliario, arraigo y prohibición de acercarse a determinadas personas.
Pide al abogado Joadel Bravo presentar una denuncia formal. Bravo afirma que ya está en curso una investigación con requerimiento fiscal. Anny Karina Montero es acusada de recibir supuestamente diezmo de cerca de 100 funcionarios municipales.