El aumento en la tarifa del transporte público ha desatado el descontento de la población, que reclama por el mal servicio. Desde este lunes, los transportistas decidieron subir el costo del pasaje a Bs 2,37, pero terminan cobrando Bs 2,50 debido a la falta de monedas fraccionadas. Mientras tanto, los pasajeros intentan resistir el alza, pagando en monedas de Bs 2.
En el Plan Tres Mil, los vecinos se organizaron para controlar que no se cobre más de los Bs 2 establecidos por la normativa, argumentando que el Concejo Municipal no ha autorizado ningún incremento y que la decisión unilateral de los transportistas es ilegal. El sábado, la dirigencia del sector transporte llegó a un acuerdo con una fracción de la Fejuve para implementar el aumento, pero este pacto ha sido rechazado por otras federaciones vecinales, que desconocen la legitimidad de esa representación.
“Mientras no haya una ley, el pasaje se mantiene en Bs 2”, indicó un dirigente vecinal que, junto a otros vecinos, llegó hasta la rotonda del Plan Tres Mil para supervisar a los micros. “¡Dos bolivianos, dos bolivianos!”, coreaban varias mujeres, mientras otros vecinos subían a los vehículos para verificar el monto del cobro. En algunos casos, lograron que los choferes devolvieran los 0,50 adicionales cobrados de manera indebida.
También retiraron algunos letreros que anunciaban una tarifa diurna de Bs 2,50 y de Bs 3 a partir de las 21:00.
“Si no les conviene (prestar el servicio) que se vayan a descansar. Esto es un abuso”, expresó Juanita Arias, que pagó Bs 2,50 en un micro y en otro Bs 2. “Yo gasto cuatro pasajes al día para ir y volver de mi trabajo. No hay plata para pagar más y lo peor es que los micros siguen viejos y sucios”, dijo al indicar que para el segundo pasaje tuvo que abonar la tarifa exacta para evitar el incremento.
Otro pasajero denunció que fue bajado de un micro de la línea 123 cuando se resistió a pagar Bs 2,50 y le entregó al chofer Bs 2. “Son unos abusivos. Autoridades den una solución urgente, no pueden dejar a la población sola”, reclamó al observar la falta de controles de la Alcaldía para hacer cumplir la tarifa vigente.
Otra usuaria expresó su indignación luego de que un conductor de la línea 122 intentara cobrarle Bs 2,50, argumentando que desde este lunes ya se aplicaba una nueva tarifa. Sin embargo, los pasajeros, visiblemente molestos, criticaron que el micro se encontraba en pésimas condiciones, calificándolo como un “cacharro”. Esta usuaria subió a otros dos micros de la línea 11 y 16, en los que mantenían los Bs 2.
María Eugenia, una mujer de 32 años, subió a una unidad de la línea 20 y alcanzó una moneda de Bs 2, pero el chofer le reclamó de inmediato indicando que el pasaje costaba Bs 2,50 y no Bs 2,37 porque no hay monedas fraccionadas para devolver el cambio. Después subió un joven que entregó un billete de Bs 10 y el chofer le devolvió Bs 7,50.
El presidente de la Asociación de Juntas Vecinales del Plan Tres Mil, Roberto Paco, indicó que no están de acuerdo con el incremento del pasaje y se han autoconvocado para supervisar el transporte público y garantizar el cumplimiento de la tarifa vigente.
Durante las inspecciones, encontraron a algunas unidades cobrando Bs 2,50 y exigieron a los conductores devolver el monto adicional, toda vez que el Concejo Municipal no ha autorizado ningún aumento en las tarifas.
Paco también rechazó la legitimidad de la persona que pactó el incremento con los transportistas, indicando que no representa a todas las juntas vecinales y, por ende, no tiene autoridad para negociar en nombre de los vecinos. “Lamentablemente esa Fejuve está alineada al alcalde”, dijo.
El dirigente de las juntas del Plan Tres Mil manifestó que continuarán con los controles y pidió a los vecinos no pagar más de Bs 2. “Cualquier cobro de más es ilegal y arbitrario”, insistió.
El vocero de la Alcaldía, Bernardo Montenegro, señaló que el Gobierno Municipal ha hecho todos los esfuerzos para evitar un conflicto con el sector transporte. Insiste en que el Ejecutivo ha cumplido y enviado todo al Concejo Municipal, quien por reglamento tiene la tuición de aprobar cualquier ajuste, pero reconoció que mientras eso no ocurra, la tarifa sigue siendo Bs 2.
Por su parte, la presidenta del Concejo, Silvana Mucarzel, conminó al alcalde Jhonny Fernández a aplicar la ley y sancionar a las líneas que están haciendo cobros excesivos en perjuicio de la población.
Informó que el pasado viernes el pleno del Concejo aprobó el proyecto de ley que declara Necesidad Pública hacia un Nuevo Sistema de Transporte y el alcalde tiene 15 días hábiles para promulgarla.
La presidenta se reunió con dirigentes de tres juntas vecinales y 13 controles sociales, que rechazaron el incremento y cuestionaron a los dirigentes que pactaron un incremento con los transportistas.