Falta de inversión, inseguridad jurídica e intervencionismo afectan la minería que puede generar $us 5.300 millones
En la última década, el comercio mundial de metales ha crecido un 10% anual, lo que representa una oportunidad histórica para Bolivia y de los 38 metales considerados "críticos" por su relevancia estratégica, el país posee 31
Bolivia, un país rico en recursos mineralógicos, enfrenta un panorama complejo para aprovechar su vasto potencial en la minería, a pesar de contar con una variedad impresionante de metales críticos. Según el reciente informe de la Fundación Milenio, titulado "Hacia una minería sostenible, competitiva e inclusiva. Estrategia de Desarrollo Minero", presentado en la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz, la nación andina se encuentra en una encrucijada que podría definir su futuro económico.
El estudio destaca que, a pesar de la abundancia de recursos, Bolivia carece de las capacidades tecnológicas, productivas, financieras y empresariales necesarias para desarrollar su industria minera. Las barreras actuales incluyen la falta de inversiones, la inseguridad jurídica, el intervencionismo estatal, la incertidumbre política y la informalidad en la actividad extractiva, así como el deterioro ambiental. Estas limitaciones han frenado el crecimiento de un sector que, según el director de la Fundación Milenio, Henry Oporto, tiene el potencial de responder a la creciente demanda internacional de metales, impulsada por la transición energética y la cuarta revolución industrial.
En la última década, el comercio mundial de metales ha crecido un 10% anual, lo que representa una oportunidad histórica para Bolivia. Oporto señala que de los 38 metales considerados "críticos" por su relevancia estratégica y escasez global, Bolivia posee 31, incluyendo metales básicos y otros utilizados en tecnologías avanzadas. En particular, la región del Precámbrico Boliviano alberga depósitos de oro, cobre, níquel, paladio, metales del grupo del platino, uranio, entre otros, que permanecen en gran medida inexplorados.
El informe también apunta a la necesidad urgente de integrar la actividad minera sostenible en la estructura económica de Santa Cruz, diversificando así la producción y la oferta de bienes de exportación. Para ello, Oporto sugiere la creación de un marco jurídico y administrativo que facilite las inversiones en las zonas fronterizas, donde actualmente existe una restricción significativa para la inversión extranjera, debido a la prohibición establecida en la Constitución Política del Estado (CPE).
El anteproyecto de Nueva Ley de Minería propuesto por la Fundación Milenio incluye la creación del Instituto de Promoción de Inversiones en Zonas de Seguridad Fronteriza, como un organismo especializado que se encargará de gestionar un régimen especial para atraer inversiones, respetando las disposiciones constitucionales.
Una de las metas más ambiciosas de la Estrategia de Desarrollo Minero es duplicar el valor de la producción minera en un plazo de cinco años, aumentando de 2.751 millones de dólares a 5.322 millones. Esto implicaría elevar la participación del sector minero en el Producto Interno Bruto (PIB) del país del 5.26% al 10%, alcanzando niveles similares al de Perú.
Para lograr este salto productivo, Bolivia necesita movilizar al menos 5 mil millones de dólares en inversiones para nuevos proyectos mineros en los próximos cinco años. Alcanzar este objetivo podría consolidar a la minería como el sector líder en exportaciones y generación de divisas, convirtiéndose en el motor del crecimiento económico nacional.
Oporto enfatiza que si se crean las condiciones adecuadas para una minería dinámica —con reglas claras, impuestos equitativos, incentivos a la exploración y protección a las operaciones mineras— el país podría no solo aprovechar su vasta riqueza mineral, sino también transformar su economía hacia un futuro más sostenible y próspero. El desafío está planteado: ¿podrá Bolivia superar las barreras actuales y capitalizar su potencial minero en un contexto de creciente demanda global?
