El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, informó este martes que el sector productivo y el Gobierno acordaron iniciar un proceso de consenso para elaborar una nueva normativa destinada a pequeños y medianos productores, luego de una reunión de casi cuatro horas en medio del conflicto por la abrogación de la Ley 1720 y los bloqueos en carreteras.
Frerking señaló que el encuentro contó con la participación del presidente del Senado, el presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, representantes de cámaras agropecuarias departamentales, sectores productivos y ministros de Estado.
Según explicó, se buscó una salida al conflicto para evitar que continúe la afectación al abastecimiento en ciudades del occidente del país.
“Por pacificar el país y por el bien de todos los bolivianos, paceños, alteños, orureños y potosinos que están sufriendo y a quienes no les puede llegar ni oxígeno”, manifestó.
El dirigente agropecuario cuestionó las movilizaciones y sostuvo que los bloqueos responden a intereses políticos más que a demandas sociales.
“Los bloqueos no pueden continuar por una excusa, son totalmente políticos. Nosotros los agropecuarios del país no nos vamos a prestar a que nos utilicen políticamente”, afirmó.
Frerking aseguró que el sector productivo busca estabilidad, condiciones para trabajar y seguridad jurídica para continuar impulsando la producción nacional.
“No traemos pliegos petitorios, traemos propuestas concretas que permitan generar empleo y tener un futuro de país”, señaló.
El presidente de la CAO también indicó que el sector acordó trabajar junto a las comisiones agrarias departamentales para construir una nueva propuesta normativa en un plazo de 60 días.
“Hemos quedado con el presidente del Senado que las comisiones agrarias departamentales van a empezar a hacer todo un consenso en cada departamento para que en 60 días tengamos una nueva ley de pequeño y mediano productor”, explicó.
La Ley 1720 generó protestas y bloqueos en distintos puntos del país debido a cuestionamientos de sectores sociales y campesinos que consideran que la norma podría afectar la tenencia de tierras y facilitar procesos de endeudamiento rural. En contraste, organizaciones agropecuarias y productivas sostienen que la ley buscaba ampliar el acceso al financiamiento para productores.
Frerking remarcó que el sector agropecuario continuará defendiendo sus demandas relacionadas con productividad y seguridad jurídica, aunque insistió en la necesidad de preservar la estabilidad y la democracia.
“Queremos una Bolivia viable, una Bolivia donde se pueda trabajar. Construyamos país, no lo destruyamos”, concluyó.