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El Banco Central de Bolivia (BCB) realizó la devolución de $us 346,7 al Fondo Monetario Internacional (FMI), equivalente a 240,1 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), gestionado irregularmente, según el titular el ente emisor Edwin Rojas Ulo, en abril de 2020 durante la gestión del gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

A decir de Rojas, este préstamo, además de ser irregular y oneroso por las condiciones financieras, generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado boliviano, que a febrero de 2021 suman $us 24,3 millones, de los cuales $us 19,6 son por variación cambiaria y $us 4,7 millones producto de comisiones e intereses.

“El análisis realizado por el BCB también determinó el denominado Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del FMI condicionó a una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias con el FMI, incumpliendo con lo establecido los artículos 158 y 322 de la Constitución Política del Estado (CPE) y otras normas conexas vigentes, vulnerando de esa manera la soberanía e intereses económicos del país”, apuntó el titular del BCB.

Acciones del BCB

En diciembre de 2020, según da cuenta el BCB, se puso en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) todos los antecedentes y acciones efectuadas por las ex autoridades del gobierno transitorio solicitándole se evalúen y tomen las medidas que correspondan.

Debido a las irregularidades observadas en el crédito del FMI, el MEFP expresó que no puede autorizar ningún pago que podría solicitar o ejecutar el BCB al Tesoro General de la Nación (TGN) y sugirió llevar adelante las acciones necesarias a fin de precautelar y respetar los intereses y recursos del Estado.

En este sentido, el BCB como agente financiero del Gobierno, en defensa de la soberanía económica del país y luego de realizar las gestiones administrativas necesarias ante el acreedor, efectuó el pago total de $us 351,5 millones, de los cuales $us 346,7 millones son el pago de capital, ($us 19,6 millones por variación cambiaria) y $us 4,7 millones por intereses y comisiones, generando un costo financiero total al Estado Boliviano de $us 24,3 millones en nueve meses de haberse desembolsado dicho instrumento.

En el marco de sus competencias y la normativa vigente, la actual administración del BCB realizará las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan en contra de todos los servidores y ex servidores públicos que resultasen con indicios de responsabilidad por su participación en el proceso de negociación, suscripción y operación del mencionado financiamiento con el FMI.

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