Los episodios de violencia protagonizados recurrentemente por grupos de la comunidad ayorea en la zona de Pailón Sur y en algunos tramos de la carretera Bioceánica han vuelto a instalar un debate que el Estado ha postergado durante décadas. Los ataques contra vehículos, transportistas o personas generan temor, afectan la seguridad vial y perjudican una ruta estratégica para la integración regional. Esa realidad no puede minimizarse ni justificarse. Pero tampoco puede analizarse de manera aislada, como si fuera únicamente un problema de orden público.
La primera obligación del Estado es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Ninguna reivindicación social o cultural puede traducirse en agresiones, amenazas o hechos violentos. La ley debe aplicarse cuando se cometen delitos, protegiendo tanto a las víctimas como los derechos de los propios pueblos indígenas. La impunidad solo alimenta la repetición de estos episodios.
Sin embargo, reducir el problema a una intervención policial sería un error que solo trasladaría el conflicto hacia el futuro. Los ayoreos constituyen uno de los pueblos indígenas más vulnerables del oriente boliviano. Su historia está marcada por desplazamientos forzados, pérdida de territorios, pobreza extrema, escasas oportunidades educativas, limitado acceso a servicios de salud y dificultades para incorporarse a una economía que les permita desarrollar proyectos de vida sostenibles, sin renunciar a su identidad cultural.
En ese contexto, algunos grupos terminan recurriendo a acciones de presión o confrontación que afectan a terceros. Eso no convierte la violencia en legítima, pero sí obliga a preguntarse por qué estas situaciones se repiten con tanta frecuencia en un mismo lugar y bajo circunstancias similares. Cuando un conflicto se vuelve recurrente, es evidente que existe un problema estructural que nadie está resolviendo.
La Gobernación tiene un papel importante en la coordinación territorial, la asistencia social, la salud departamental y el diálogo con las comunidades. Puede impulsar programas de atención integral, mediación y prevención de conflictos. Sin embargo, no es la única ni la principal responsable.
La competencia central corresponde al Gobierno nacional, particularmente al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina y de la Dirección General de Protección de Naciones y Pueblos Indígena Originarios. También debe participar el Gobierno Autónomo Municipal de Pailón, por ser la instancia más cercana a la comunidad y responsable de servicios básicos, desarrollo humano y atención social. Ninguna institución, actuando de manera aislada, resolverá un problema cuya raíz es multidimensional.
La solución pasa por combinar firmeza y sensibilidad. Firmeza para impedir que continúen los ataques, mediante presencia policial preventiva, patrullajes permanentes, cámaras de vigilancia y una actuación rápida de la justicia cuando corresponda. Sensibilidad para desarrollar políticas públicas que atiendan las verdaderas necesidades de las familias ayoreas como educación intercultural, salud permanente, acceso al agua, generación de empleo, fortalecimiento productivo y mecanismos de diálogo que eviten que la violencia se convierta en el único lenguaje para llamar la atención del Estado.
Bolivia reconoce constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas. Ese reconocimiento no puede quedarse en el discurso. Tampoco puede interpretarse como una autorización para vulnerar los derechos de los demás ciudadanos. La convivencia exige responsabilidades compartidas. La respuesta no está en escoger entre seguridad o inclusión. Está en comprender que ambas son indispensables para construir una paz duradera y un Estado que proteja, al mismo tiempo, el orden público y la dignidad de sus pueblos originarios.