Un grupo reducido de ciudadanos bloquea una carretera troncal y condena a la ciudadanía a un estado de privaciones, asistencia medica adecuada, tránsito de combustible y medicamentos y una larga lista de abusos y chantajes que fácilmente podrían tipificarse de criminales. Una metrópoli con cerca a dos millones de habitantes, (La Paz 756 mil habitantes y el Alto 885 mil habitantes) sometida de forma increíble a la voluntad de una minoría radicalizada y corporativa, herencia del masismo evista. La pregunta es: ¿Constituye la proliferación de la violencia colectiva y el desacato corporativo, la evidencia empírica de una acelerada anomia social, o estamos presenciando una fragmentación de la estructura social nacional?
Al examinar la parálisis del país por parte de un sindicalismo de corte extorsivo, se constata que la crisis actual no responde únicamente a la debilidad del Estado o a las deficiencias que este pudiera mostrar en la aplicación de la Ley, sino, también, a un vaciamiento estructural de la legitimidad institucional que disuelve los lazos normativos fundamentales de la sociedad. Realmente los ciudadanos sentimos que el peso de la Ley hoy se mide en miligramos selectivamente aplicados. Los marcos regulatorios normales del Estado boliviano han sido rebasados, los grupos reducidos que bloquean caminos y han puesto de rodillas dos ciudades enteras, no solo desafían el monopolio legítimo de la coacción legal por parte del Estado, sino que implantan una racionalidad sindical y punitiva que erosiona todos los marcos de la racionalidad democrática propia del siglo XXI
Esta erosión acelerada de las normas genera un escenario donde el ciudadano de a pie, despojado de la protección estatal y atrapado bajo los esquemas violentos de los insurrectos, opera como una fría jaula de hierro, y en consecuencia opta por desarrollar estrategias de supervivencia y pierde progresivamente toda capacidad de resistencia. Notemos pues, que la violencia extrema ejercida por estos grupos radicales no es un hecho aislado ni puramente delictivo, sino la manifestación palpable de un estado de desorganización social donde las reglas compartidas pierden su fuerza reguladora, provocando que los canales institucionales dejen de funcionar como ordenadores eficaces de la vida pública.
Paralelamente, la facilidad con la que facciones corporativas y sindicales de dudosa reputación paralizan el territorio nacional y exigen abiertamente la renuncia de un presidente elegido mediante procedimientos democráticos, de los que ellos también participaron, constituye una negación radical del ordenamiento democrático, lo que muestra que el cumplimiento de la norma ha dejado de ser percibido como una norma socialmente aceptada. Cuando los sectores sociales descubren que la transgresión radical y el bloqueo sistemático son vías más efectivas para la consecución de intereses particulares, la estructura democrática se fragmenta y cede ante la fuerza del sindicalismo corporativo.
Este proceso de degradación institucional y fragmentación social no implica una ausencia absoluta de orden, sino la instauración de una anomia paradójica donde la legalidad del aparato estatal coexiste con la legitimidad fragmentada de micropoderes locales que se imponen por encima de la Ley. La gravedad de estos acontecimientos radica en que, de a poco, la estabilidad del sistema no descansa exclusivamente en su arquitectura legal, sino en su capacidad de resistencia. En el mediano plazo esto afecta gravemente los lazos normativos e intersubjetivos de la ciudadanía. Al quebrarse este consenso moral básico, la desorientación colectiva se profundiza y el Estado se ve incapaz de contener la violencia atomizada o de canalizar las demandas sectoriales de manera pacífica.
El bloqueo, la ruptura de normas de sociabilidad, la violencia en los comportamientos no son meras disfunciones pasajeras de la gobernabilidad, sino, los indicadores sociológicos de una profunda incertidumbre estructural donde las certezas compartidas se han disuelto, una anomia de proyecciones peligrosas que confirman que Bolivia atraviesa una crisis de legitimidad normativa severa, una fragmentación acelerada del tejido social y el desmoronamiento de las bases mismas de la convivencia democrática. Seguramente, el ciudadano común sentirá que ya no hay un Estado que le garantice una vida más o menos “normal”, y menos que la vigencia de sus derechos sea algo indudable.
(*) Renzo Abruzzese es sociólogo