Santa Cruz de la Sierra crece, se expande y se moderniza. Nuevas urbanizaciones, edificios, centros comerciales y avenidas proyectan la imagen de una ciudad dinámica que aspira a consolidarse como el principal polo económico del país. Sin embargo, detrás de esa postal de progreso emerge una realidad cada vez más visible y preocupante que tiene que ver con el aumento sostenido de personas que sobreviven en situación de calle.
Basta recorrer las principales intersecciones de las avenidas para constatar un fenómeno que ya no puede ser considerado circunstancial. Hombres y mujeres de todas las edades, algunos con evidentes problemas de salud física o mental, buscan diariamente la caridad de conductores y transeúntes. Lo más alarmante es la presencia de niños y adolescentes que acompañan a sus padres en esta actividad, expuestos a múltiples riesgos y privados de condiciones mínimas para su desarrollo integral.
La escena se repite a diario en medio de un tráfico vehicular cada vez más intenso y caótico. Entre semáforos y largas filas de vehículos, estas personas arriesgan su vida para obtener unas monedas. El peligro es permanente. Un descuido, una imprudencia o una maniobra inesperada pueden terminar en tragedia. Sin embargo, la necesidad parece ser más fuerte que el miedo.
Paralelamente, el Cordón Ecológico que bordea el río Piraí se ha convertido en refugio de una comunidad marginal tan diversa como vulnerable. Allí sobreviven decenas de personas en condiciones extremadamente precarias, sin acceso regular a servicios básicos, atención sanitaria, programas de rehabilitación o mecanismos efectivos de reinserción social.
La problemática, además, ha derivado en tensiones cada vez más graves con los vecinos de sectores aledaños. Son frecuentes las denuncias que vinculan a algunos habitantes de esta zona con robos y otros hechos delictivos registrados sobre el Cuarto Anillo y la avenida Busch.
Los recientes hechos protagonizados por prestadores de servicios de entrega a domicilio reflejan precisamente el nivel de deterioro alcanzado. La agresión y quema de pertenencias de personas asentadas en el Cordón Ecológico, como represalia por el ataque y robo sufrido por uno de sus asociados, constituyen un episodio preocupante que revela cómo la frustración y la ausencia de respuestas institucionales pueden desembocar en actos de violencia y justicia por mano propia.
Nada de esto debería ocurrir. Ni ciudadanos expuestos a la delincuencia, ni trabajadores obligados a defenderse por sus propios medios, ni personas viviendo en condiciones indignas. Sin embargo, cuando el Estado se ausenta, los problemas no desaparecen. Por el contrario, se agravan.
La Policía tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y hacer presencia efectiva en zonas identificadas como conflictivas. Pero el problema va mucho más allá del control del delito. Se trata de una compleja realidad social que involucra pobreza extrema, exclusión, adicciones, salud mental, desintegración familiar y falta de oportunidades. Ninguna institución puede enfrentarla sola.
Por ello, las nuevas autoridades municipales y departamentales tienen ante sí un desafío ineludible. La coordinación entre la Alcaldía, la Gobernación, el Gobierno central, la Defensoría de la Niñez, organizaciones sociales, entidades religiosas y la cooperación internacional resulta indispensable para diseñar e implementar estrategias integrales que permitan atender esta emergencia humana.
La ciudad no puede acostumbrarse a convivir con el sufrimiento como si fuera parte inevitable del paisaje urbano. Santa Cruz merece soluciones serias, sostenidas y humanas. El tiempo de los diagnósticos ha terminado. Ahora corresponde actuar.