Bolivia ingresó bloqueada al sexto mes del año. En varias regiones del occidente del país, los cortes de carreteras se prolongan desde hace casi un mes sin que existan señales claras de una solución inmediata. La magnitud y duración de estas medidas de presión han vuelto a colocar en evidencia una de las mayores contradicciones de la vida democrática referida a la coexistencia de una Constitución Política del Estado que garantiza el libre tránsito con una realidad en la que ese derecho es vulnerado de manera recurrente y, muchas veces, con absoluta impunidad.
Resulta difícil encontrar en el mundo democrático otro país donde los bloqueos de caminos se hayan convertido en un mecanismo tan frecuente y normalizado para la reivindicación de demandas sectoriales. Lo que en principio debería constituir una medida excepcional de protesta ha terminado por transformarse en un instrumento habitual de presión política y social, cuyos efectos recaen principalmente sobre millones de ciudadanos que nada tienen que ver con los conflictos en cuestión.
Los perjuicios son múltiples y profundos. Miles de pasajeros permanecen varados durante días, los productores pierden mercados, los transportistas ven paralizadas sus actividades y los comerciantes enfrentan desabastecimiento e incremento de costos. A ello se suman las dificultades para el traslado de medicamentos, combustibles y alimentos, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables. Cada día de bloqueo representa pérdidas económicas considerables para un país que ya enfrenta serias dificultades para recuperar el dinamismo de su economía.
Más preocupante aún es la naturalización de una práctica que vulnera derechos fundamentales. La Carta Magna reconoce el derecho a la libre circulación de las personas dentro del territorio nacional. Sin embargo, ese principio queda sistemáticamente subordinado a la capacidad de determinados sectores de interrumpir vías estratégicas y condicionar la vida cotidiana de la población. El resultado es una grave distorsión del equilibrio entre el derecho a la protesta y los derechos de la colectividad. Penalizar los bloqueos y aplicar duras sanciones a quienes los promueven y/o ejecutan parece ser, a estas alturas, la única forma de poner fin a una flagrante violación de los derechos de las mayorías y cuya defensa exige equilibrio habida cuenta de que ninguna reivindicación sectorial puede imponerse con medidas que lesionen libertades y garantías constitucionales.
La actual coyuntura añade un fuerte componente político. Las organizaciones movilizadas por la Central Obrera Boliviana, exigen de modo unánime la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Más allá de la legitimidad o no de las demandas planteadas, resulta inevitable preguntarse si corresponde intentar resolver diferencias políticas mediante medidas que paralizan al país y afectan a la inmensa mayoría ciudadana.
En democracia, las discrepancias deben canalizarse a través de los mecanismos institucionales previstos por la ley y el sistema político. Los gobiernos pueden ser cuestionados, fiscalizados y criticados; forman parte esencial de la vida democrática. Sin embargo, cuando la protesta deriva en la interrupción prolongada de carreteras y en la afectación masiva de derechos ciudadanos, se llega a un nivel de tensión que debilita la convivencia democrática y erosiona la autoridad de las instituciones.
La responsabilidad de encontrar una salida recae tanto en el Gobierno como en los sectores movilizados. El diálogo, la negociación y la búsqueda de consensos constituyen las únicas herramientas capaces de evitar una escalada del conflicto. Persistir en la lógica de la confrontación solo profundizará el desgaste económico y social que ya soporta el país.
Bolivia no puede resignarse a vivir bloqueada. Ninguna nación puede aspirar al desarrollo cuando sus principales vías de comunicación se convierten periódicamente en escenarios de disputa política. El país no puede continuar atrapado en un círculo repetitivo de conflictos que termina perjudicando, sobre todo, a los propios ciudadanos.