La convulsión que vive el país está alcanzando niveles preocupantes y pone en riesgo la estabilidad democrática. Las protestas multisectoriales, los bloqueos de caminos, las marchas, los hechos de violencia y hasta los pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz configuran un escenario delicado que hace urgente la búsqueda de salidas dialogadas.
El grado de polarización e intransigencia ha llegado a tal extremo que se hace necesaria la participación de interlocutores y mediadores capaces de reducir tensiones, generar confianza entre las partes y encaminar soluciones viables a las demandas sociales. Incluso sectores con reivindicaciones legítimas han perdido la paciencia frente al discurso oficial sobre la delicada situación económica y exigen respuestas inmediatas. En el otro extremo se encuentran grupos claramente sediciosos que, más allá de cualquier demanda concreta, buscan debilitar al Gobierno para favorecer el retorno de viejos caudillismos que operan desde las sombras.
Pero, independientemente de las motivaciones, resulta extremadamente difícil construir un diálogo racional en medio de carreteras bloqueadas, amenazas, dinamitazos e intimidaciones contra la población.
La mayoría de los bolivianos comprende la gravedad de la crisis y rechaza los métodos perjudiciales de los sectores movilizados. Por ello exige que el Gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía cumplan el mandato constitucional de preservar el orden democrático y garantizar la libre circulación. Sin embargo, también comienzan a surgir reacciones violentas de ciudadanos que intentan enfrentar a los bloqueadores por cuenta propia, un escenario igualmente peligroso. El “ojo por ojo” solo conduciría al país hacia una espiral aún más destructiva.
La gran pregunta es si todavía es posible dialogar en estas condiciones. Muchos dirigentes rechazan conversar con ministros y exigen negociar directamente con el presidente. Pero si el propio mandatario debe sentarse a negociar con sectores que simultáneamente exigen su renuncia, el diálogo corre el riesgo de convertirse en un callejón sin salida.
Por eso conviene revisar la experiencia histórica del país. Bolivia ha atravesado numerosas crisis políticas en la era democrática y, aun en los momentos más tensos, el diálogo terminó siendo el único camino posible para evitar desenlaces traumáticos.
En muchos de esos episodios, la participación de mediadores creíbles resultó decisiva. El desgaste de los interlocutores gubernamentales hacía indispensable la presencia de figuras capaces de generar confianza entre las partes. Conviene recordar el papel desempeñado en distintas crisis por los defensores del Pueblo Ana María Romero y Waldo Albarracín, así como por representantes de la Iglesia Católica, entre ellos los monseñores Jesús Juárez y Tito Solari.
Hoy vuelven a surgir voces que piden al presidente Paz abrir canales de diálogo y convocar a mediadores con legitimidad y aceptación social. Probablemente los necesitará. La situación se está deteriorando rápidamente y Bolivia aún debe encarar reformas mucho más profundas para salir de la crisis económica e institucional en la que se encuentra.
Al presidente todavía le quedan cuatro años y medio de mandato y la enorme responsabilidad de impulsar esas transformaciones. Para ello deberá aprender de las experiencias del pasado: apostar por el diálogo con los actores adecuados, apoyarse en mediadores con credibilidad y, al mismo tiempo, preservar la autoridad democrática del Estado mediante el respaldo de las instituciones encargadas de garantizar el orden constitucional.