El país se encuentra actualmente frente a un peligroso movimiento radical de desestabilización política, social y económica. Sectores sindicalizados de ultraizquierda, vinculados a la dirigencia cocalera del trópico de Cochabamba, trazaron la ruta crítica para convulsionar principalmente las ciudades de La Paz y El Alto con el único fin de acortar el mandato del presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira.
El conflicto se sustenta sobre la base de una vieja receta conocida en Bolivia y que surtió efectos en las protestas de 2003, cuando se produjo el derrocamiento del entonces presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada en medio de la denominada “guerra del gas”.
En esa ocasión, el rechazo al proyecto de exportación de gas boliviano a través de puertos chilenos fue el caldo de cultivo aprovechado por los seguidores de Evo Morales y de Felipe Quispe para atizar las protestas, que fueron escalando en intensidad en la medida que la Central Obrera Boliviana, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto y otros sectores salieron a las calles para exigir, además, la instalación de una Asamblea Constituyente y en rechazo al impuesto al sueldo decretado por el Gobierno.
Los sectores movilizados secuestraron turistas, bloquearon carreteras, cercaron la ciudad de La Paz con la denominada vigilia de las 1.000 esquinas para impedir el ingreso de alimentos y medicinas en perjuicio de la población. El conflicto se desbordó cuando militares que escoltaban un convoy que transportaba combustibles desde Senkata hacia la hoyada dispararon contra los manifestantes, provocando la muerte de varias personas, entre ellos un niño. Días después, se produjo la renuncia de Sánchez de Lozada a la Presidencia de la República. En esa oportunidad el vicepresidente Carlos Mesa asumió el mando del país.
Los hechos ocurridos en 2003 fueron presenciados en primera línea por Rodrigo Paz Pereira, quien en esa época ejercía como diputado nacional con las banderas del MIR, partido aliado a la gestión de Sánchez de Lozada.
Ahora, 23 años después, Paz Pereira enfrenta un conflicto de similares características, aunque con motivaciones diferentes. En esta ocasión las movilizaciones comenzaron con una marcha de campesinos que partió a inicios de abril desde Pando con destino a La Paz en rechazo a la Ley 1720, que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a realizar la conversión voluntaria de la clasificación de pequeña propiedad titulada a mediana propiedad a fin de facilitar el acceso al crédito y la modernización del agro.
La marcha en contra de la ley coincidió con los reclamos por la gasolina desestabilizada, las protestas de los maestros en demanda por un incremento salarial, los bloqueos en el norte de La Paz para exigir el mantenimiento de carreteras y la regularización del abastecimiento de combustible.
A pesar de que el Gobierno atendió algunas de las reivindicaciones de los sectores radicalizados, los seguidores de Evo Morales mantienen las medidas de presión para exigir la dimisión del presidente Paz Pereira, a pesar de las voces que claman por la pacificación del país.
Bolivia ya vivió en el pasado las consecuencias de una espiral de confrontación que debilitó la institucionalidad democrática y fracturó la convivencia social. Por ello, cualquier intento de utilizar el descontento social como instrumento para forzar la caída de un gobierno elegido democráticamente constituye una amenaza para el Estado de derecho. La democracia debe ofrecer canales legítimos para procesar las diferencias, pero nunca convertirse en rehén de la presión radical ni de la violencia política.