Bolivia llevaba demasiado tiempo gritándose a sí misma. Por eso, el encuentro nacional convocado en Cochabamba por el presidente Rodrigo Paz Pereira deja, de entrada, una señal política saludable: el país todavía puede sentarse en una misma mesa sin convertir cada diferencia en una trinchera. Y en tiempos de crispación permanente, eso no es poca cosa.
La fotografía del encuentro tiene elementos que merecen ser destacados. Hubo una asistencia masiva, aparecieron liderazgos renovados y, sobre todo, quedó instalada una sensación que Bolivia necesita recuperar con urgencia: es mucho más lo que une a los bolivianos que aquello que los separa. También fue valioso observar respeto y tolerancia entre actores con posiciones claramente distantes sobre temas cruciales, como la Ley 1720 y el manejo de la crisis económica. El tono importó. Y mucho.
Sin embargo, la cordialidad no puede reemplazar a la honestidad. Bolivia atraviesa una crisis económica y negarla sería irresponsable. Los organismos financieros internacionales proyectan un crecimiento negativo cercano al 3%; el propio Gobierno admite una caída de -1,28% y una inflación del 14%. Son cifras que obligan a actuar con realismo y sentido de urgencia. Diversas voces, desde analistas hasta sectores empresariales, han recomendado medidas más contundentes para reducir el gasto público y enfrentar el déficit fiscal. Pero el Ejecutivo parece decidido a mantenerse dentro de su propia hoja de ruta. Y ahí aparece el principal riesgo: si no existe escucha activa, todo diálogo termina siendo útil para la fotografía, pero improductivo para la realidad.
También hubo ausencias imposibles de ignorar. No estuvieron Samuel Doria Medina, principal aliado político del Presidente; tampoco Romer Saucedo, en representación del Órgano Judicial, ni el sector empresarial cruceño, que expresó públicamente su desazón por la abrogación de la Ley 1720. En encuentros de esta naturaleza, las ausencias también hablan.
Pero hay un punto todavía más importante. El encuentro nacional no puede confundirse con una verdadera cumbre política. Son escenarios distintos. Un encuentro permite dialogar, acercar posiciones y bajar tensiones. Una cumbre política, en cambio, exige compromisos concretos y acuerdos capaces de traducirse en leyes y gobernabilidad real.
Bolivia no resolverá sus problemas económicos e institucionales únicamente con declaraciones de buena voluntad. Las reformas estructurales que el país necesita inevitablemente deberán pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Allí se aprueban las leyes, se destraban créditos y se negocian reformas. Por eso resulta imprescindible construir puentes con actores políticos que hoy siguen distantes.
Otro elemento que comienza a desgastarse es la insistencia oficial en mirar únicamente hacia atrás. A estas alturas, seguir repitiendo que el país fue destruido durante veinte años ya suena a libreto agotado. Bolivia votó por un cambio y espera resultados concretos. Porque de poco sirve anunciar más cárceles para los corruptos cuando personajes de triste memoria continúan gozando de impunidad y protección en territorios donde el Estado sigue ausente.
El encuentro nacional fue, en términos generales, positivo. Bolivia necesita diálogo, acuerdos y convivencia democrática. Pero ahora viene lo más difícil: convertir las palabras en decisiones. Dependerá del presidente Rodrigo Paz y de su gobierno que Cochabamba quede registrada como el inicio de un nuevo pacto político y económico o apenas como otro conversatorio más en la larga tradición boliviana de reunirse mucho y resolver poco.