La persistente sensación de impunidad que rodea a Evo Morales Ayma vuelve a instalar una pregunta incómoda en la conciencia pública boliviana: ¿existe realmente igualdad ante la ley cuando se trata de figuras con poder político y arraigo territorial? El expresidente, desde hace tiempo largo atrincherado en el trópico cochabambino -su inexpugnable bastión histórico y sindical-, parece haberse convertido en símbolo de esa tensión entre justicia formal y poder real.
Las acusaciones en su contra no son menores. Se basan en procesos por estupro y trata de personas con agravantes que, de confirmarse, comprometerían seriamente la integridad institucional del país, dado que los hechos se remontan a su periodo como jefe de Estado. A pesar de la gravedad de los cargos, Morales no ha respondido con la diligencia que se esperaría de cualquier ciudadano sometido a la justicia. En cambio, su ausencia refuerza la percepción de que el peso de la ley no se distribuye de manera equitativa entre la ciudadanía.
El señalamiento de una audiencia de juicio oral para el lunes 11 de mayo en Tarija constituye una prueba crucial para el sistema judicial. No se trata solo de determinar responsabilidades individuales, sino de medir la capacidad del Estado para hacer cumplir sus propias decisiones. Si el acusado no comparece y no se ejecutan mecanismos efectivos para garantizar su presencia, el mensaje será devastador. Que en Bolivia, la justicia puede ser esquiva cuando se enfrenta a estructuras de poder consolidadas.
En paralelo, el anuncio del viceministerio de Régimen Interior de recurrir a instancias judiciales en Estados Unidos para investigar posibles vínculos con el narcotráfico añade una dimensión internacional al caso. Esto no solo eleva el perfil de las acusaciones, sino que también expone al país al escrutinio externo, en un momento en que la credibilidad institucional ya enfrenta serios cuestionamientos.
Resulta llamativo que, mientras estas causas avanzan -al menos en el papel,- Morales mantenga una rutina pública activa y sin sobresaltos. Incluso cada domingo, su presencia en una emisora que eleva su señal desde Cochabamba y en la que es entrevistado complacientemente, transmite una imagen de normalidad y control, casi como si los procesos judiciales levantados en contra del esquivo caudillo cocalero fueran un asunto secundario o incluso irrelevante. Este contraste, entre la narrativa judicial y la realidad política, evidencia una fractura profunda en el Estado de derecho.
La interrogante final es inevitable: ¿alcanzará el brazo de la justicia a Evo Morales? La comparación con otros actores políticos procesados y encarcelados pone en evidencia una aparente selectividad que erosiona la confianza ciudadana. Si la ley no logra imponerse sin excepciones, lo que está en juego no es solo el destino de un exmandatario, sino la legitimidad misma del sistema democrático boliviano.
La justicia, para ser tal, no puede depender de geografías, lealtades ni cálculos políticos. O alcanza a todos por igual, o deja de ser justicia.