Bolivia se ha ido acostumbrando peligrosamente a vivir entre paros, bloqueos y marchas que interrumpen la normalidad del país casi como si fueran parte inevitable de la rutina nacional. La protesta social es un derecho legítimo en democracia, pero su recurrencia y radicalización han convertido al Estado en un verdadero “país tranca”, donde por todo y por nada se obstruyen y/o paralizan carreteras, ciudades y actividades productivas bajo la premisa de que solo así los gobernantes de turno escuchan las demandas ciudadanas.
Hasta ayer, -para dar cuenta del conflictivo cuadro de situación-, se registraban más de 40 puntos de bloqueo en la zona occidental del país y unos primeros ‘brotes’ en el oriente, mientras el transporte pesado denunciaba que 700 choferes están inmovilizados a la vera de los caminos con sus camiones cargados y las amas de casa elevaban su tono de reclamo por la elevación de los precios de la canasta familiar porque diversos productos, entre cárnicos, vegetales, hortalizas y frutas no están llegando regularmente a los centros de abastecimiento público.
El problema es que, detrás de cada bloqueo, las consecuencias recaen principalmente sobre la población que trabaja y produce. El comerciante que no puede abastecerse, el agricultor que pierde su cosecha, el ciudadano común y los transportistas imposibilitados de transitar en sus motorizados durante días, el estudiante que no pasa clases y el enfermo que no logra llegar a un hospital son víctimas silenciosas de una práctica que se ha normalizado hasta extremos preocupantes. Mientras los dirigentes negocian y los políticos calculan ventajas, las mayorías pagan los costos económicos y sociales.
Lo más grave es que Bolivia necesita exactamente lo contrario: estabilidad, producción y trabajo sostenido. En un contexto de dificultades económicas, caída de ingresos y creciente incertidumbre, el país no puede darse el lujo de frenar constantemente su aparato productivo. Cada bloqueo ahuyenta inversiones, encarece productos y deteriora la imagen de una nación que parece incapaz de resolver sus conflictos mediante el diálogo institucional.
Las autoridades también tienen responsabilidad en esta realidad. Muchas veces reaccionan tarde o solo atienden demandas cuando la presión escala al caos, reforzando la idea de que bloquear caminos resulta más efectivo que debatir propuestas. Así se alimenta un círculo vicioso donde la confrontación reemplaza a la concertación.
Bolivia necesita recuperar la cultura del diálogo y entender que ningún país progresa paralizando permanentemente sus propias venas de comunicación y trabajo. Protestar es un derecho; convertir el bloqueo en norma, en cambio, termina siendo un castigo colectivo contra toda la sociedad y una violación sistemática del derecho constitucional al libre tránsito. En un tiempo de profunda crisis económica cuando hace falta trabajar y producir más para revertirlo. ¿Hasta cuando soportaremos los bolivianos la mala costumbre de los bloqueos y cortes de rutas cuyos promotores impunes llevan adelante sin que nada ni nadie pueda impedirlo?