Mientras Bolivia intenta encontrar una salida a la crisis económica y política que la mantiene en vilo, una noticia proveniente del exterior volvió a recordarnos un problema que durante demasiado tiempo hemos preferido minimizar.
El hallazgo en puertos chilenos de cerca de 100 toneladas de droga impregnada en cargamentos de madera procedentes de Bolivia constituye uno de los golpes más duros a la imagen internacional del país en los últimos años. No solo por el volumen incautado, extraordinario incluso para los estándares del narcotráfico mundial, sino por el grado de sofisticación empleado para ocultar la sustancia, al punto de dificultar su detección mediante mecanismos especializados.
La investigación recién comienza y corresponde a las autoridades determinar responsabilidades, rutas y redes involucradas. Pero el hecho desnudo ya resulta suficientemente revelador: una operación de semejante magnitud no surge de la noche a la mañana. Requiere logística, infraestructura, financiamiento, protección y capacidad de coordinación.
Bolivia enfrenta hoy bloqueos que paralizan regiones enteras, afectan el abastecimiento y profundizan la incertidumbre económica. El propio presidente Rodrigo Paz denunció que detrás de algunas medidas de presión existirían recursos de origen oscuro vinculados a economías ilícitas. Son afirmaciones graves que exigen investigaciones serias y transparentes. Sin embargo, más allá de la disputa política coyuntural, existe una realidad difícil de ignorar: el narcotráfico ha logrado consolidar una presencia preocupante en territorio nacional.
La captura de Sebastián Marset fue presentada en su momento como un golpe histórico contra el crimen organizado internacional. Y lo fue. Pero los hechos posteriores obligan a una reflexión más profunda. La caída de un capo no significa la derrota de una estructura criminal. Tampoco la captura de algunos operadores implica que el negocio haya retrocedido.
Durante los últimos años, Bolivia ha sido escenario de episodios que deberían haber encendido todas las alarmas: organizaciones vinculadas al PCC brasileño y al Comando Vermelho operando dentro del país, cabecillas extranjeros viviendo con comodidad, pistas clandestinas multiplicándose en zonas rurales y crecientes evidencias de penetración de economías ilegales en distintos ámbitos de la vida nacional.
El cambio de gobierno permitió exponer presuntas negligencias, omisiones y posibles complicidades de administraciones anteriores. Pero la responsabilidad no puede quedar atrapada en la revisión del pasado. La actual gestión también será evaluada por su capacidad para enfrentar un fenómeno que amenaza la institucionalidad democrática, corroe la economía formal y debilita el Estado de derecho.
Con frecuencia el debate público gira alrededor de la inflación, el dólar, los combustibles, los bloqueos o las elecciones. Todos son temas relevantes. Pero existe un riesgo aún mayor: que el narcotráfico continúe expandiendo su influencia mientras la sociedad discute otros asuntos urgentes.
Porque el narcotráfico no es únicamente un problema policial. Es una amenaza que corrompe instituciones, distorsiona mercados, financia violencia, captura voluntades y erosiona la confianza ciudadana. Allí donde avanza, la democracia retrocede.
Las 100 toneladas descubiertas en Chile son mucho más que un decomiso histórico. Son una señal de alarma. Una advertencia de que el problema sigue creciendo y de que Bolivia necesita una estrategia nacional, sostenida y libre de cálculos políticos para enfrentarlo.
Porque los cánceres que no se tratan a tiempo terminan haciendo metástasis. Y el narcotráfico, lamentablemente, lleva demasiado tiempo avanzando entre nosotros.