La paciencia estratégica tiene un límite, y para el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira ese límite finalmente ha llegado. Tras más de un mes de asfixia económica y social provocada por casi un centenar de puntos de bloqueo, el Ejecutivo ha comenzado a mover sus piezas. Los recientes operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana marcan un punto de inflexión urgente ante una crisis que amenazaba con desbordar al país.
El debut del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ha sido auspicioso. En apenas días en el cargo, lideró personalmente el desbloqueo en Lipari y Río Abajo (La Paz), y tomó el control de predios avasallados en Santa Rosa del Sara (Santa Cruz). A esta firmeza se sumó la intervención en San Julián (Santa Cruz), donde la Policía repelió con gases lacrimógenos las piedras y petardos de los manifestantes. La presencia en el lugar de los ministros de Desarrollo Rural, Oscar Mario Justiniano, y de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, envía una señal política contundente: el gabinete en pleno respalda la restitución del orden, luego de que el propio Gobierno agotara las vías de negociación logrando apenas acuerdos parciales.
Si bien el Ejecutivo justificó su inacción previa bajo el paraguas de la “prudencia”, para gran parte de la ciudadanía esa postura rozó la contemplación excesiva. La prudencia es una virtud democrática, pero —como bien señaló el flamante ministro de Defensa— jamás debe traducirse en la capitulación o ausencia del Estado.
Durante este mes convulsionado, el Gobierno ha lidiado en La Paz con tres frentes radicalizados: la Central Obrera Boliviana, la Federación Tupac Katari y facciones evistas del Chapare. La exigencia de fondo —la renuncia de un presidente que apenas lleva seis meses de mandato legítimo— devela el verdadero carácter de la movilización: no es una protesta social, es un intento abierto de desestabilización. Incluso el discurso oficial finalmente desnudó la verdadera intención de grupos movilizados: construir un escudo de impunidad para evitar que Evo Morales responda ante la justicia.
Los movilizados tuvieron múltiples oportunidades de diálogo auspiciadas por la Vicepresidencia, las bancadas parlamentarias, la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y los gobiernos autonómicos. Al final, la racionalidad claudicó ante la agenda intransigente de unos pocos dirigentes que añoran los privilegios y prebendas del pasado.
A pesar del daño infligido al libre tránsito y al abastecimiento, este plan de asfixia nace herido de muerte por su absoluta falta de legitimidad. En el plano externo, el respaldo al orden constitucional es unánime. Los trece países del “Escudo de las Américas”, liderados por Estados Unidos, no solo blindaron democráticamente a la gestión de Paz Pereira, sino que lanzaron una dura advertencia al señalar que estas movilizaciones reciben financiamiento del narcotráfico y el crimen transnacional.
En el plano interno, la presión también se traslada al plano normativo. De aprobarse la ley de regulación de Estados de Excepción, el Ejecutivo contará con una herramienta jurídica contundente para decretar la medida por hasta 90 días en las regiones convulsionadas, amparándose en dos causales constitucionales incuestionables: el peligro para la seguridad del Estado y la conmoción interna.
El Gobierno ha demostrado que tiene la capacidad y la obligación de actuar. Agotar la vía diplomática por última vez es un acto de responsabilidad, pero el restablecimiento de la normalidad, el suministro de alimentos y el imperio de la ley no pueden seguir esperando un minuto más. La autoridad ha vuelto a las carreteras; ahora corresponde mantenerla de forma sostenida hasta que todo el territorio nacional respire de nuevo.