Un vehículo entregado por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, en un acto público puede parecer, a simple vista, una señal de apoyo a una organización social. Pero cuando no responde a un programa institucional, con criterios técnicos y rendición de cuentas, deja de ser gestión pública. La reciente dotación a la Fejuve Sur de El Alto se mueve, sin demasiado disimulo, en el terreno de la prebenda.
El problema no es el objeto, sino el método. En una administración ordenada, los bienes del Estado no se asignan por cercanía o afinidad, sino por necesidad verificable y planificación. Sin esos elementos, cualquier entrega se vuelve discrecional. Y la discrecionalidad, en política, tiene nombre propio: clientelismo.
Para dimensionar la gravedad, conviene mirar atrás. Durante años, bajo Evo Morales y luego con Luis Arce, el país naturalizó la entrega de autos, sedes, incluso hoteles, como parte del vínculo entre poder y organizaciones afines. Esa práctica no fortaleció instituciones; debilitó reglas. ¿Qué de bueno hay en imitar esa conducta?
Y como si no bastara, aparece la promesa de una sede. No es gestión; es oferta. No pasa por planificación, presupuesto ni priorización; pasa por tarima, micrófono y aplauso. Es la política convertida en catálogo de beneficios para quien esté en primera fila.
Eso no es gestión pública. Es intercambio. Y cuando el Estado entra en esa lógica, deja de administrar bienes comunes y empieza a repartir favores. Lo demás —discursos, justificaciones, relatos— es solo decoración.
(*) César Del Castillo es editor