El reciente retiro de una avioneta investigada por caso supuesto de narcotráfico nada menos que del hangar policial número 116 y su posterior despegue no autorizado de madrugada desde el aeropuerto de El Trompillo, plantea interrogantes muy serias sobre el estado real de los controles de seguridad en una terminal que, en teoría, se encuentra bajo jurisdicción militar. No se trata de un incidente menor ni aislado porque la falta de información sobre la identidad de la tripulación y la inexistencia de un plan de vuelo registrado, configuran un escenario que bordea lo que podría considerarse piratería aérea en pleno siglo XXI.
Resulta difícil aceptar que una operación de este tipo pueda ejecutarse sin algún grado de complicidad, negligencia o, en el mejor de los casos, una alarmante descoordinación entre las instancias encargadas de resguardar un aeropuerto y el espacio aéreo. La ausencia de respuestas claras y oportunas por parte de las autoridades, solo profundiza la sensación de vulnerabilidad ciudadana.
Este episodio ocurre en un contexto particularmente delicado para Santa Cruz de la Sierra, donde la violencia asociada al crimen organizado escala sin una reacción proporcional de autoridades e instituciones responsables. La percepción de descontrol se amplifica cuando hechos de esta naturaleza quedan envueltos en silencio o explicaciones insuficientes.
Así, el mensaje que se instala en la ciudadanía es preocupante: si ni siquiera infraestructuras estratégicas como El Trompillo cuentan con resguardos efectivos, la noción de seguridad se diluye peligrosamente. En medio de esta incertidumbre, el “sálvese quien pueda” deja de ser exageración para convertirse en una expresión cada vez más cercana a la realidad cotidiana.
(*) Pedro Rivero Jordán es presidente del Consejo Editorial