Durante tres semanas interminables, los habitantes de La Paz y de El Alto han dado una lección de resistencia y dignidad frente a una de las peores crisis de desabastecimiento y parálisis que se recuerden en los últimos años. Familias enteras obligadas a hacer kilométricas filas para conseguir pan, aceite, carne, pollo, verduras o combustible; comerciantes viendo desplomarse sus ingresos; trabajadores imposibilitados de llegar a sus fuentes laborales; enfermos y ancianos atrapados en dos ciudades cercadas por la intolerancia y la violencia. Aun así, su gente ha soportado con admirable entereza un castigo injusto e inhumano.
El cerco impuesto sobre ambas urbes, acompañado por bloqueos criminales y cortes de carreteras, no ha sido una protesta legítima sino una acción sediciosa para doblegar a la gente mediante el hambre y el miedo. Dinamitazos, saqueos, agresiones y amenazas se convirtieron en el método de grupos radicalizados que, en nombre de intereses políticos, terminaron martirizando a millones de ciudadanos inocentes. Nada justifica convertir a toda una región y/o ciudades en rehenes de la ambición y del fanatismo.
Pero si la violencia de los revoltosos resulta condenable, igual de grave ha sido la incapacidad del gobierno de Rodrigo Paz para restablecer el orden y garantizar derechos elementales. Un Estado que no puede asegurar la libre circulación, el abastecimiento de alimentos y la protección de su población termina dejando a los ciudadanos abandonados a su suerte. La pasividad oficial frente a acciones claramente delictivas solo fortaleció a quienes creen que la fuerza bruta y el caos pueden reemplazar a la democracia que las amplias mayorías nacionales sabrán defender con la misma determinación que, en décadas pasadas, llevó a rescatarla de las garras de la dictadura.
(*) Pedro Rivero Jordán es presidente del Consejo Editorial