Bolivia va encaminada a romper una dolorosa “marca mundial” por la capacidad infinita de resistencia de una población sometida periódicamente a bloqueos, movilizaciones y conflictos que paralizan al país y castigan, sobre todo, a las grandes mayorías. Las carreteras cerradas en el occidente no solo impiden el libre tránsito garantizado por la Constitución; también convierten la vida cotidiana en un verdadero calvario para miles de ciudadanos que nada tienen que ver con las disputas políticas o sectoriales.
En medio de esta crisis, enfermos no pueden llegar a hospitales, familias enteras peregrinan en busca de medicamentos y centros médicos trabajan al límite por la falta de insumos básicos, incluso oxígeno. La salud pública, ya golpeada por múltiples carencias, queda prácticamente de rehén de conflictos que no consideran el alivio del sufrimiento humano como una prioridad. A ello se suma el desabastecimiento y el encarecimiento de alimentos de la canasta familiar, situación que castiga con mayor dureza a los sectores más pobres.
Lo más preocupante es que unos cuantos grupos, arrogándose de manera arbitraria la representación del “pueblo”, terminan vulnerando los derechos constitucionales de millones de bolivianos que solo quieren trabajar, estudiar, producir y vivir en paz. La protesta es un derecho legítimo en democracia, pero cuando se transforma en herramienta de asfixia colectiva pierde legitimidad moral y social.
Ninguna nación puede desarrollarse mientras normalice el bloqueo, el caos y la vulneración sistemática de derechos fundamentales como mecanismos de presión. Bolivia necesita diálogo, responsabilidad y respeto por la ciudadanía antes de que esta dolorosa “marca mundial” termine por quebrar la esperanza de su gente.
(*) Pedro Rivero Jordán es presidente del Consejo Editorial