Bolivia atraviesa momento de crisis institucional. Mientras el país soporta el bloqueo más largo y cruel de su historia democrática, el fiscal general del Estado asume el papel de garante de una negociación entre el Gobierno y sectores que exigieron la renuncia del presidente. ¿Alguien entiende?
La pregunta es simple. ¿En qué artículo de la Constitución o de la Ley Orgánica del Ministerio Público se establece que el Fiscal General puede asumir el papel de mediador político? La Carta Magna le ordena ejercer la acción penal pública y defender la legalidad. La ley le impone velar por los derechos y garantías constitucionales. Nada le faculta para ser árbitro de una negociación política.
Otra interrogante igual de inquietante. ¿Qué secreto posee Mario Argollo para “exhortar” al diálogo y lograr una respuesta inmediata del Ejecutivo? Durante semanas, empresarios, transportistas, productores, plataformas ciudadanas y diversos sectores reclamaron al Gobierno que haga cumplir la Constitución y la ley, y la respuesta fue siempre la misma: paciencia y diálogo. Pero bastó el anuncio de Argollo para que la reacción sea inmediata.
Y mientras las instituciones intercambian roles, el país acumula pérdidas, desabastecimiento y fracturas. El dinero perdido podrá volver algún día. La producción se recuperará. Los mercados volverán a abastecerse. Lo que no regresa son las vidas perdidas ni los daños provocados por semanas de bloqueo.
Entonces surge la pregunta final. Si nadie es responsable, ¿quién responde? Si el Gobierno dialoga, los bloqueadores presionan y el Fiscal garantiza, ¿quién defiende la ley y el Estado de Derecho?
(*) César Del Castillo es editor