La muerte a tiros de dos jóvenes en un galpón en San Ignacio de Velasco, el pasado sábado, pone nuevamente en evidencia lo desprotegidas que están nuestras fronteras y lo fácil que resulta para sicarios extranjeros ingresar a territorio boliviano para cometer crímenes. Y lo que es más grave, lo fácil que resulta para las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) extender sus dominios.
Óscar Mauricio Gutiérrez Céspedes (36) y Sebastián Ibáñez Arroyo (26) son las últimas víctimas del sicariato. Aunque la investigación de este doble crimen sigue en proceso, un reporte preliminar brindado ayer por el Comando de la Policía indica que se trata de un supuesto ajuste de cuentas por narcotráfico, vinculado a una pugna entre el PCC y CV. En enero, también en San Ignacio, Alexander Pacheco, un brasileño de 29 años, murió acribillado mientras dormía. En abril, un brasileño que viajaba en un bus también fue muerto a tiros en el mismo municipio. Estos crímenes aún no han sido esclarecidos al igual que muchos otros ocurridos en el país.
Desde enero hasta la fecha unas 18 personas han muerto de forma violenta en hechos con características de ejecución, perpetrados por sicarios que actúan en la impunidad. Once de estos sucesos han ocurrido en el departamento Santa Cruz y seis en el trópico de Cochabamba. Mientras países vecinos refuerzan el control en sus fronteras, ¿qué espera el Gobierno boliviano para enviar más efectivos a su vasta frontera o qué planes tiene para combatir el crimen organizado?
(*) Beatriz Ávalos es editora