Al cumplirse hoy 47 días de conflicto en el país, está claro que el presidente Rodrigo Paz no tiene la intención de declarar estado de excepción regionalizado, como a gritos le piden varios sectores de la población, agobiados por los perjuicios causados por los bloqueos de carreteras. Con una paciencia que desespera, todo indica que nuestro gobernante ha apostado al cansancio y desgaste de los bloqueadores, y a que sea el ciudadano afectado el que asuma acciones contra los movilizados, haciendo un trabajo que compete a las fuerzas del orden y al mismo gobierno.
Esta inacción está costando vidas. En este mes y medio de conflicto, al menos 14 personas han muerto debido a esta medida inhumana que llevan adelante la COB y organizaciones afines a Evo Morales. Ocho personas murieron al no poder acceder a una atención médica oportuna; dos transportistas fallecieron varados en las rutas, tres perecieron en un accidente en una vía alterna y una persona con cáncer terminal murió en Sucre sin poder retornar a su lugar de origen (Monteagudo).
En esta lista no están incluidos los heridos en enfrentamientos ni los negocios que han tenido que cerrar debido al impacto de los bloqueos. Y si hablamos de pérdidas económicas, las cifras alcanzan a miles de millones de bolivianos y aumentan día a día. Frente a esta situación, me pregunto: ¿cuántas personas más tienen que morir para que se dé una solución al conflicto? ¿Cuánto tiempo más de desabastecimiento y momentos de zozobra tiene que soportar la población?
(*) Beatriz Ávalos es editora