Cada nuevo paro en el sector salud de Santa Cruz vuelve a exponer una de las contradicciones más dolorosas de nuestro tiempo: quienes tienen la noble misión de preservar la vida terminan, aunque sea de manera indirecta, agravando el sufrimiento de quienes más necesitan atención. Detrás de cada puerta cerrada en un hospital o centro de salud no hay solo una consulta suspendida; hay cientos de pacientes que madrugan, hacen largas filas con la esperanza de ser atendidos y regresan a casa con la incertidumbre de una enfermedad que avanza sin diagnóstico ni tratamiento.
Es comprensible que los trabajadores de la salud tengan demandas legítimas y reclamen mejores condiciones laborales. Ninguna sociedad debería ignorar sus necesidades. Sin embargo, toda medida de presión debe encontrar un límite cuando pone en riesgo el derecho fundamental de otros ciudadanos como es el acceso a la atención médica. La salud no admite pausas ni calendarios sindicales. El dolor no espera y las enfermedades tampoco.
Los más afectados por estos paros son precisamente quienes menos posibilidades tienen de buscar alternativas entre adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y personas de escasos recursos que dependen exclusivamente del sistema público. Convertirlos en víctimas colaterales de un conflicto laboral resulta profundamente injusto e inhumano. Ha llegado el momento de replantear las formas de protesta. Existen mecanismos para visibilizar demandas sin paralizar servicios esenciales ni condenar a los enfermos a una espera angustiosa.
(*) Pedro Rivero Jordán es presidente del Consejo Editorial