La decisión de la justicia de procesar al dirigente campesino Vicente Salazar por su presunta participación en los bloqueos de carreteras abre inevitablemente un debate sobre la igualdad ante la ley. Si realmente existe el propósito de hacer prevalecer el Estado de derecho, la pregunta es si las autoridades tendrán la misma determinación para investigar a quienes fueron señalados como principales impulsores de una medida de presión que mantuvo al país paralizado durante más de cincuenta días.
En ese contexto, el expresidente y líder cocalero Evo Morales, así como el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Marco Argollo, han sido identificados por diversos actores políticos y sociales como figuras con influencia en la organización y respaldo de los bloqueos. Corresponde, sin embargo, que cualquier eventual responsabilidad sea establecida mediante investigaciones objetivas, con pruebas y respetando el debido proceso, y no por criterios políticos.
Los bloqueos ocasionaron severas pérdidas económicas para productores, transportistas, comerciantes e industrias, además de afectar el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos. A ello se suman los daños registrados en tramos de la red vial fundamental, cuya reparación demandará importantes recursos públicos.
La credibilidad de la justicia dependerá de demostrar que actúa con el mismo rigor frente a cualquier ciudadano, sin importar su poder político, sindical o social. Si existen elementos suficientes para sustentar responsabilidades penales, las investigaciones deberían alcanzar a todos los presuntos responsables por igual. De lo contrario, persistirá la percepción de que la ley se aplica de manera selectiva, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones y en el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley.