La democracia boliviana atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. A la crisis económica, la incertidumbre social y la creciente polarización política se suma un fenómeno igualmente preocupante como el deterioro de la calidad de los liderazgos en instituciones que históricamente desempeñaron un papel fundamental en la defensa de los intereses colectivos. Entre ellas destaca la Central Obrera Boliviana (COB), organización que durante décadas fue un referente de lucha social, pero que hoy parece extraviada entre cálculos políticos, disputas facciosas y una preocupante incapacidad para interpretar las necesidades reales de los trabajadores.
La prolongada conflictividad registrada en el país ha puesto en evidencia las limitaciones de numerosos dirigentes sindicales. En lugar de convertirse en actores capaces de promover soluciones, facilitar acuerdos o canalizar institucionalmente las demandas sociales, varios de ellos han optado por profundizar la confrontación. La exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz se ha convertido en el eje de una estrategia que poco tiene que ver con los mecanismos democráticos y mucho con la lógica de la presión permanente. Tras semanas de bloqueos, protestas y un enorme desgaste económico, resulta legítimo preguntarse qué propuesta concreta ofrecieron y ofrecen quienes insisten en una salida que desconoce el mandato surgido de las urnas.
En este escenario, la actuación del secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, merece una evaluación crítica. Elegido recientemente para encabezar la principal organización laboral del país, Argollo llegó al cargo con la expectativa de renovar una institución cuestionada por años de subordinación política y pérdida de independencia. Sin embargo, lejos de fortalecer la capacidad de mediación de la COB, su gestión ha quedado asociada a la persistencia de una crisis que afecta principalmente a los sectores populares que él dice representar.
El problema no radica únicamente en las posiciones políticas que pueda sostener un dirigente sindical. En una democracia, todas las opiniones son legítimas. Lo preocupante es la incapacidad para comprender que las instituciones deben actuar dentro de los límites del orden constitucional. Exigir la renuncia de un presidente electo como condición previa para resolver conflictos sociales supone trasladar al terreno de la presión callejera decisiones que corresponden al ámbito democrático. Se trata de una lógica peligrosa porque erosiona la estabilidad institucional y transmite el mensaje de que la voluntad popular puede ser sustituida por la capacidad de movilización de determinados grupos.
Bolivia necesita sindicatos fuertes, pero también responsables. Necesita dirigentes capaces de defender salarios, empleo y derechos laborales sin convertirse en operadores de proyectos políticos particulares. La historia de la COB está llena de episodios de lucha por la democracia y las libertades públicas. Precisamente por ello resulta paradójico observar cómo algunos de sus actuales representantes parecen olvidar que la legitimidad de las demandas sociales depende también del respeto a las reglas democráticas.
La prolongada crisis aparentemente superada en los últimos días deja una enseñanza que no debería ignorarse. Las instituciones se debilitan cuando son conducidas por liderazgos que privilegian intereses coyunturales por encima de su misión histórica. La COB corre ese riesgo. Y el país también. Mientras la dirigencia sindical continúe apostando por la confrontación como método y por la desestabilización como horizonte, Bolivia seguirá atrapada en un círculo de conflictos que perjudica a trabajadores, productores y ciudadanos por igual.
La salida a la crisis no pasa por la imposición ni por la renuncia forzada de autoridades legítimamente elegidas. Pasa por el diálogo, la negociación y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Todo lo demás representa un retroceso que el país no puede permitirse.