Finalmente, el presidente Rodrigo Paz Pereira y sus ministros tomaron la decisión de cumplir la Constitución Política del Estado y la Ley de Estados de Excepción que el propio mandatario tramitó ante la Asamblea Legislativa y promulgó, en acto público el pasado 8 de junio, con un encendido discurso y advertencia de que los conspiradores que bloqueaban con dineros del narcotráfico “tenían sus días contados” y caerían igual que Sebastián Marset.
En la madrugada del sábado 20 de junio, Paz anunció al país que había tomado la decisión de decretar Estado de Excepción en todo el territorio nacional. Pero tuvieron que pasar siete semanas de presiones, amenazas y crueles bloqueos; tuvieron que perderse miles de millones de bolivianos de la alicaída economía nacional, tuvieron que lamentarse 14 muertes, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo; miles de transportistas sobrevivieron en condiciones infrahumanas en las carreteras y millones de bolivianos pasaron hambre y perdieron sus trabajos, entre otras lamentables consecuencias.
Horas antes de la firma del decreto emitido por el Ejecutivo, Paz se dio la mano con Mario Argollo, un cuestionado secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana que pidió su renuncia e incitó al odio entre bolivianos. Un personaje que tenía orden de aprehensión en su contra y que finalmente puso la impunidad suya y de varios de sus cómplices, como condición para suscribir un pacto por la “pacificación de la patria”.
¿Y qué acuerdo firmaron Paz y Argollo?” No criminalizar las protestas”, aunque se hayan cometido delitos; mantener el monopolio estatal sobre la explotación de los recursos naturales; preservar empresas publicas estratégicas, aunque sean deficitarias o elefantes blancos; garantizar el abastecimiento de productos esenciales, como si los bloqueos no hubieran provocado nada, y rechazar cualquier injerencia de organismos internacionales para superar la crisis económica, entre otras llamativas conveniencias.
A ello se deben sumar las decenas de convenios que el Gobierno ha suscrito con diferentes sectores durante toda la gestión del conflicto: bonos para maestros y policías, inversiones estatales en minería, convertirá a La Paz en polo de desarrollo gasífero y millones de Bs en enlosetado de calles en El Alto, y beneficios específicos para las cooperativas mineras. Claramente otros municipios y otros departamentos con iguales o mayores necesidades quedaron relegados. Y aquí aplica el viejo adagio de La Rebelión en la Granja: todos son iguales ante la ley, pero unos son más iguales que otros.
No son pocos ni sencillos los compromisos asumidos por el presidente, que actuó en la lógica equivocada o ingenua de creer que los pactos sectoriales iban a debilitar los bloqueos. Pero, claramente, esa fue una estrategia equivocada y las consecuencias son para el Gobierno y para todos los bolivianos. Pasada la emergencia y por un elemental principio de transparencia, será necesario que el Gobierno informe, uno por uno, sobre todos los papeles firmados y lo que implica cada compromiso para las arcas del Estado.
Finalmente, el presidente y sus ministros han denunciado que existía una organización mafiosa detrás de las movilizaciones; ha advertido al dirigente cocalero Evo Morales que tendrá que someterse a la ley por las graves acusaciones que pesan en su contra. Pues bien, es pertinente y necesario exigir, por el bien de la democracia, que los crímenes sean esclarecidos y que quien tiene que estar en una celda esté, precisamente, en ese lugar y no en una cabina de radio lanzando arengas contra la patria.
La historia del bloqueo más largo e inhumano que ha vivido la democracia boliviana aún no ha acabado. Literalmente, hay piedras en el camino. Y políticamente queda un Gobierno que, en nombre de la paz, ha quedado atado de pies y manos en muchas reformas que son imprescindibles para reencaminar el destino común de todos los bolivianos.
Una vez más, ¿Qué se le puede pedir al presidente? Que gobierne, pero con seriedad, valentía y firmeza, que recuerde sus propias palabras; “Bolivia es la patria que nunca te abandona”. Que nunca olvide que fueron millones de bolivianos los que votaron por él y que es al país al que debe rendir cuentas, no a dirigencias corruptas y espurias. Que las piedras no sean más poderosas que los votos.