La decisión de las autoridades bolivianas de impedir el ingreso al país de un grupo de activistas argentinos ha generado una intensa polémica. Sin embargo, más allá de la controversia coyuntural, el episodio obliga a reflexionar sobre un fenómeno cada vez más frecuente y preocupante: la utilización de los derechos humanos como instrumento de lucha política antes que como una herramienta para proteger la dignidad de las personas.
Los activistas que pretendían ingresar a Bolivia anunciaron que venían a investigar supuestas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el bloqueo más prolongado de la historia democrática nacional, un conflicto que hasta hoy acumula 49 días. Pero sus antecedentes públicos, sus declaraciones previas y su abierta militancia política planteaban una duda razonable sobre la verdadera naturaleza de esa misión. Quien llega con una conclusión antes de conocer los hechos no busca la verdad. Busca confirmar una narrativa.
Conviene recordar que los derechos humanos nacieron precisamente para combatir esa lógica. Después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional comprendió que la humanidad necesitaba construir barreras morales y jurídicas frente a horrores que nunca debían repetirse. El exterminio sistemático de millones de personas, la persecución racial, la discriminación institucionalizada y la negación de la dignidad humana impulsaron la creación de un sistema internacional destinado a proteger a las personas frente a los abusos del poder.
Desde entonces, los derechos humanos contribuyeron a consolidar algunos de los pilares más importantes de la convivencia democrática: el Estado de derecho, la igualdad ante la ley, la justicia social, la protección de las minorías, las libertades fundamentales y la cultura de paz. Son una de las conquistas éticas más relevantes de la civilización contemporánea.
Precisamente por ello resulta tan grave cuando son utilizados con fines partidarios.
Durante décadas, diversos gobiernos latinoamericanos descubrieron que la bandera de los derechos humanos podía transformarse en una poderosa herramienta de legitimación política. En lugar de defender principios universales, comenzaron a seleccionar víctimas, causas y denuncias según su conveniencia ideológica. Lo que debía ser un lenguaje común para la defensa de la dignidad humana terminó convertido, en demasiadas ocasiones, en un mecanismo de confrontación política.
Bolivia conoce bien esa experiencia. Tras los luctuosos hechos ocurridos en El Porvenir, en Pando, durante el gobierno de Evo Morales, se convocó al activista argentino Rodolfo Matarollo para investigar lo sucedido. El resultado fue un informe ampliamente cuestionado por numerosos sectores debido a sus sesgos, omisiones y conclusiones alineadas con los intereses políticos de Evo Morales.
Ese antecedente ayuda a comprender por qué la sociedad boliviana observa con escepticismo ciertas iniciativas que llegan desde el exterior revestidas de autoridad moral, pero acompañadas de evidentes compromisos ideológicos.
Ningún Estado democrático está obligado a facilitar la intervención de actores cuya imparcialidad resulta seriamente cuestionable. La defensa de los derechos humanos exige independencia, rigor y honestidad intelectual. Sin esas condiciones, las investigaciones dejan de ser una búsqueda de la verdad para convertirse en ejercicios de propaganda.
La democracia necesita observadores honestos, no militantes disfrazados de árbitros. Necesita hechos, no relatos. Y necesita recordar que los derechos humanos fueron creados para proteger a las personas de los abusos del poder, no para justificar abusos políticos en nombre de una causa supuestamente superior.
Porque cuando los derechos humanos dejan de servir a la verdad, dejan también de servir a la humanidad.