El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define la palabra impunidad como la falta de castigo o la cualidad de quedar sin sanción ante un delito. En términos jurídicos y generales, significa que cierta acción delictiva o una falta grave permanezca sin recibir la sanción o pena que contemplen las normas y las leyes, permitiendo que el o los responsables no se presenten ante la justicia.
Esa es precisamente la primera y principal condición que presentó la Central Obrera Boliviana (COB) en el inicio del diálogo que se instaló este miércoles en La Paz a convocatoria del Gobierno. El máximo representante sindical y cabeza visible de los bloqueadores, Mario Argollo, supeditó la continuidad de las negociaciones con el presidente Rodrigo Paz Pereira y sus ministros, a cambio de que se conceda la libertad y se levanten las acusaciones en contra de las más de 320 personas que actualmente son procesadas e investigadas por la Fiscalía, sindicadas de incurrir en delitos relacionados con las protestas y bloqueos de carreteras que mantienen paralizado al país desde hace 50 días.
En estas siete semanas de protestas promovidas por el dirigente cocalero Evo Morales para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, los movilizados ocasionaron la muerte de unas 14 personas, provocaron millonarias pérdidas económicas por la parálisis del aparato productivo nacional, destruyeron carreteras y perpetraron atentados a instituciones públicas. Además, con los cortes de carreteras se buscaba deliberadamente impedir el ingreso de alimentos, medicinas y combustibles a las principales ciudades del país.
A pedido de la Central Obrera, el diálogo convocado por el jefe de Estado se encuentra en un cuarto intermedio hasta que una comisión conformada por abogados del Gobierno, representantes legales de la COB y fiscales revise “caso por caso” la situación de los procesados. Durante el conflicto hubo personas que fueron aprehendidas portando explosivos, otras con armas de fuego y algunos por incurrir en agresiones graves contra efectivos policiales, como sucedió hace dos semanas en San Julián, cuando seis de ellos resultaron heridos, dos por disparos.
En las últimas horas, asambleístas de las bancadas de Libre y del PDC, así como representantes de sectores que se encuentran afectados por las protestas, como los productores agropecuarios, transportistas y gremiales, se oponen a que se conceda la eliminación de los cargos a los manifestantes que se encuentran procesados por el Ministerio Público. También surgieron voces ciudadanas y políticas que solicitan a las autoridades de Gobierno que enjuicie a Evo Morales por promover las peores protestas en la historia democrática del país por intereses personales.
Asimismo, representantes de los sectores afectados por las siete semanas de conflictos exigen a las autoridades del Gobierno que hagan cumplir la ley e inicie el despeje de las rutas, porque de lo contrario podrán enfrentar procesos judiciales por incumplimiento de deberes.
En medio de la desconfianza, este jueves el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1741, que contempla la utilización de nuevas técnicas de investigación —como el agente encubierto y la entrega vigilada— para combatir el financiamiento del terrorismo y la legitimación de ganancias ilícitas. Según el Gobierno, las movilizaciones son financiadas por recursos provenientes del narcotráfico y la mayoría de los manifestantes son trasladados desde el trópico de Cochabamba, refugio del prófugo de la justicia Evo Morales. Es momento de acabar con la impunidad.