Bolivia atraviesa una de esas etapas donde la política deja de ser un debate ideológico para convertirse en una amenaza directa contra la vida de la gente. El reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre la conflictividad social no retrata solamente carreteras bloqueadas o pérdidas económicas millonarias; muestra algo mucho más grave, un país donde tristemente la confrontación política, terminó normalizando el sufrimiento humano.
Siete personas murieron, cuatro de ellas porque no pudieron acceder a atención médica a tiempo. Una mujer con insuficiencia renal en Guanay, un niño de 12 años en Llallagua cuya ambulancia no logró pasar, una joven en Senkata y una ciudadana extranjera en Desaguadero. No son “efectos secundarios” del conflicto, al vulnerar su derecho a la salud sin exclusión. Son víctimas de una crisis donde tanto el poder como los sectores movilizados han perdido de vista el límite más elemental, la vida humana no puede convertirse en herramienta de presión política.
Estos no son “daños colaterales”, son víctimas de una crisis política mal gestionada.
Aquí es donde nos hacemos una pregunta incómoda: ¿en qué momento normalizamos que una protesta pueda terminar decidiendo quién vive y quién muere?
El problema de fondo es que Bolivia ha institucionalizado el conflicto como forma de hacer política. El bloqueo dejó de ser una medida extrema para convertirse en el mecanismo habitual de presión, mientras el diálogo se volvió una escenografía vacía donde nadie busca acuerdos reales. Los sectores movilizados, con 321 aprehendidos, exigen garantías antes de conversar; el Gobierno responde con operativos y detenciones. Entre ambos extremos, la ciudadanía queda atrapada en un asedio permanente.
Lo más preocupante es que el conflicto ya entró en una fase donde el lenguaje político ha sido reemplazado por el lenguaje de la confrontación total. Cuando dirigentes anuncian públicamente que “no están para negociar sangre”, lo que se está comunicando no es firmeza política, sino la peligrosa decisión de clausurar cualquier salida institucional.
Ahí es donde el problema deja de ser solamente social y se convierte en una crisis de articulación política; con un Estado de Excepción se añadiría una capa de complejidad, al pretender que se mantengan los derechos fundamentales.
Y ahí está la mayor evidencia del fracaso político actual, faltan articuladores, sobran discursos radicales, amenazas y cálculos electorales, pero nadie parece dispuesto a reconstruir resquicios mínimos de confianza. Gobernar no es administrar crisis a punta de gases lacrimógenos ni sostener bloqueos hasta provocar asfixia económica y social. Gobernar también es evitar que el país llegue a este nivel de desgaste.
Pero, ¿qué es lo más peligroso? Es que comenzamos a acostumbrarnos. A escuchar que una ambulancia quedó detenida, que una ciudad amaneció cercada o que una familia perdió a alguien por falta de paso. El verdadero daño es que Bolivia empieza a perder sensibilidad frente al dolor ajeno de los más vulnerables.
Y un país que se acostumbra a eso entra lentamente en una forma silenciosa de descomposición social.
(*) Miroslava Fernandez Guevara es periodista y politóloga