Durante décadas, la seguridad de jueces y fiscales fue tratada como un asunto burocrático subordinado a presupuestos mínimos y custodias improvisadas. Pero el crimen organizado contemporáneo no opera como la delincuencia tradicional. Funciona con inteligencia económica, logística transnacional, tecnología y capacidad real de intimidación institucional.
El asesinato del juez Alain Wilber Cruz Arancibia en Cochabamba hace aproximadamente seis meses atrás y la posterior ejecución del magistrado del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, constituyen algo más grave que simples tragedias criminales. Representan señales de advertencia institucional. El crimen organizado ha comenzado a desafiar la capacidad protectora del Estado boliviano.
Por eso el debate no puede limitarse a discursos abstractos sobre independencia judicial. Ninguna independencia existe cuando un juez o fiscal saben que el Estado carece de capacidad para proteger su vida, la de sus hijos o la estabilidad de su entorno familiar. La independencia judicial no es –tan sólo– una garantía normativa, es también una condición material de seguridad.
El Estado necesita construir una Política de Seguridad Nacional Judicial y Fiscal, no un protocolo redactado después de cada atentado ni una reacción emocional y mediática de corto plazo, sino una doctrina permanente de protección institucional. El Estado debe asumir que blindar jueces y fiscales equivale a proteger la estabilidad misma del Estado Constitucional de Derecho.
Esa política debería comenzar por la creación de un Sistema Nacional de Protección Judicial y Fiscal con coordinación permanente entre el Ministerio de Gobierno, el Órgano Judicial y la Fiscalía General del Estado. Su finalidad no sería únicamente reaccionar frente a atentados consumados, sino desarrollar inteligencia preventiva, análisis de amenazas y monitoreo constante sobre organizaciones criminales capaces de afectar la independencia judicial.
Lo que conllevaría, asimismo, a la creación de una Fuerza Especial de Protección Judicial y Fiscal. No una simple división policial temporal, sino un cuerpo permanente, altamente entrenado y sometido a controles de confianza rigurosos. Su única misión tendría que ser la seguridad de magistrados, fiscales, víctimas y testigos de alto riesgo; evitando la rotación arbitraria de personal y garantizando especialización real.
Otra medida de relevancia exige transformar físicamente el acceso a las Casas Judiciales o Palacios de Justicia. Resulta inadmisible que ingresar a muchos edificios judiciales siga siendo más fácil que entrar a un shopping, a un concierto musical o a una discoteca. El Estado debe instalar anillos tecnológicos de seguridad en cada Palacio de Justicia del país. Detectores modernos de metales, escáneres de rayos X, sistemas biométricos de ingreso y reconocimiento facial conectado a bases de datos criminales. Si el Estado no puede controlar quién entra armado a un juzgado, ha comenzado a perder el control de su propia soberanía institucional.
El Estado debe centrarse también en la protección digital. Hoy circulan con demasiada facilidad domicilios, teléfonos, datos familiares y movimientos de jueces y fiscales dentro de expedientes y sistemas informáticos vulnerables. Eso equivale a entregar mapas completos al crimen organizado. Debe crearse una Unidad Nacional de Resguardo de Datos Sensibles encargada de restringir accesos, monitorear filtraciones y blindar electrónicamente la información de autoridades judiciales o fiscales vinculadas a casos de narcotráfico, corrupción y crimen organizado. También resulta indispensable institucionalizar audiencias virtuales de alta seguridad para procesos de alto riesgo. Italia y otros países europeos redujeron significativamente la exposición física de magistrados evitando traslados innecesarios de detenidos peligrosos.
El Estado debe garantizar un sistema obligatorio de protección patrimonial y familiar para jueces y fiscales de alto riesgo. Seguros de vida financiados por el Estado, protocolos especiales de reubicación temporal y mecanismos de protección educativa para hijos de autoridades amenazadas existen en países que enfrentaron guerras abiertas contra estructuras mafiosas.
También resulta indispensable desarrollar un Observatorio Nacional de Violencia contra Operadores de Justicia encargado de sistematizar amenazas, elaborar estadísticas y detectar patrones criminales. Bolivia sigue reaccionando caso por caso, como si cada atentado fuese un episodio aislado, cuando en realidad empieza a configurarse una estrategia de intimidación estructural.
Sin embargo, toda política seria de blindaje institucional contiene una dimensión ética. La sociedad respaldará semejante despliegue de recursos si percibe que sirve para garantizar una justicia independiente y no para proteger burocracias complacientes o redes de corrupción. El juez protegido debe ser también un juez íntegro. El fiscal blindado debe responder con valentía en su lucha contra la criminalidad y la corrupción.
Porque, evidentemente, el problema no consiste únicamente en salvar vidas individuales; lo que está en juego es la capacidad del Estado para seguir administrando justicia independiente y produciendo decisiones libres frente al miedo.
(*) Yery Rojas es jurista