Energías limpias y combustibles renovables
La Comisión de la Unión Europea (UE) acaba de adoptar a inicios de julio una serie de propuestas entre las cuales se establece un Pacto Verde Europeo con objetivos por demás ambiciosos, como la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en un 55% hasta el año 2030 para contrarrestar los efectos del cambio climático. Los 27 Estados miembros de la UE se han comprometido a ser el primer Continente Climáticamente Neutro hasta el año 2050, lo que supone que al menos el 50% del transporte público y privado debe estar funcionando con base a energías limpias (electricidad, hidrógeno, electromagnetismo o biocombustibles) al año 2030; en el caso de la industria del turismo deberá estar libre de CO2 hasta el año 2035; y se establecerán derechos de emisión de gases (impuesto al carbono) con el fin de electrificar la economía y aumentar sustancialmente el uso de energías renovables.
Durante este mismo mes de julio las economías más desarrolladas representadas en el G20 por sus ministros de Medio Ambiente, se han planteado las medidas necesarias tanto de política económica como de política ambiental que serán indispensables para lograr hasta mediados del presente siglo, una emisión neta cero de gases de efecto invernadero a fin de reducir el calentamiento global por debajo de los 2°C. Todos coinciden en la necesidad de un impuesto universal al carbono, pero difieren en las formas y los tiempos, que van desde el control del precio hasta los esquemas de regulación del comercio de las emisiones. El otro factor común es la necesidad de incrementar de forma considerable las inversiones públicas y privadas en la generación de energía limpia y combustibles no fósiles, para lo cual deberán promover mayor investigación y desarrollo y a su vez generar incentivos fiscales atractivos.
Estas nuevas condiciones pueden constituir grandes y serios desafíos en las economías y sociedades de mayor consumo de energía, donde las industrias, el transporte, la movilidad urbana y las viviendas están sustentadas en el uso de energías tradicionales. Entre los sectores de compleja transformación y adecuación están el agrícola y el transporte pesado de mercancías, incluyendo los buques marítimos, en especial en los países menos avanzados, donde toda la maquinaria y equipamiento productivo se mueve con diésel y en el caso de las industrias con base a gas natural cuya fuente es no renovable pero mucho más limpia que las derivadas del petróleo. Es de esperar que los costos de adaptación a las nuevas reglas no representen nuevos subsidios y ayudas a la industria agroalimentaria en los países desarrollados, lo que puede distorsionar aún más los precios de los commodities de los que dependen la financiación de la transformación en las economías pobres.
En nuestro país se acaban de establecer nuevas medidas tributarias que tienen como objetivo promover el uso de energía eléctrica y otras fuentes renovables a través de la importación y comercialización de vehículos eléctricos e híbridos y nuevas inversiones en instalación de estaciones de suministro de electricidad, pero por el otro lado somos testigos del insistente y justo reclamo de la industria sucroalcoholera para que se cumpla la Ley 1098 del Etanol que establece la mezcla de la gasolina con alcohol anhidro hasta una proporción del 75/25, lo cual implica no solo un paso importante hacia el mayor uso de los combustibles ecológicos, sino una mejora sustancial en la calidad del combustible al incrementar su octanaje, además de ser una contribución significativa en la reducción de emisión de carbono al medioambiente. De no avanzar en el cumplimiento de esta norma estaríamos dando un paso adelante y dos atrás, y además enviando una negativa señal a la inversión privada nacional y extranjera en la producción tanto de energías renovables como de biocombustibles.
Por otro lado, Bolivia tiene un importante potencial para acompañar las nuevas políticas ambientales globales que le pueden redituar beneficios en el mediano plazo, como inversión pública y extranjera directas en sectores como la explotación del litio en los salares de Potosí y Oruro tanto para la producción de cloruro de potasio como carbonato e hidróxido de litio, materias primas para las baterías con mayor capacidad de conservación de energía. De igual manera contamos con recursos hídricos para generación hidroeléctrica en los proyectos de Rositas en los valles cruceños, El Bala en los límites de La Paz y Beni y la planta hidroeléctrica de Misicuni en Cochabamba, además de la expansión de la producción de energía eólica proyectada en la provincia Warnes en Santa Cruz.
Adicionalmente, el país tiene las condiciones para desarrollar una expansión agrícola sostenible y amigable con el medioambiente al aprovecharse ahora solo 3,8 millones de hectáreas del área potencialmente cultivable de 5 millones de hectáreas, según el Plan de Uso de Suelo vigente, cuya producción actual de 20 millones de toneladas puede incrementarse hasta un 50% con la aplicación de la biotecnología, que a su vez incrementaría los rendimientos de nuestra actual producción de soya, caña de azúcar, sorgo y maíz, permitiendo un volumen considerable de abastecimiento de biocombustibles como etanol y biodiésel, dándonos una verdadera soberanía energética para el abastecimiento interno y la exportación. Una visión integral del desarrollo económico y social sostenible, basado en un diálogo constructivo, hará de Bolivia un país económica y ambientalmente viable.
Antonio Rocha Gallardo es Presidente - CNDA
