La destitución, precipitada por el escándalo, del gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Eduardo Valdivia, constituye una decisión acertada del Gobierno. Más allá de las responsabilidades penales o administrativas que puedan establecer las investigaciones anunciadas por la Fiscalía, el episodio había generado un nivel de desgaste institucional incompatible con la tarea de recuperar la principal aerolínea del país.
El escándalo estalló luego de que se difundieran imágenes de Valdivia presenciando partidos del Mundial de Fútbol en Estados Unidos. BoA explicó inicialmente que el ejecutivo se encontraba atendiendo “asuntos de orden personal” durante una licencia sin goce de haberes. Sin embargo, la controversia creció con la difusión de documentos que sugerían el uso de una tarifa aérea en primera clase muy inferior al precio comercial, beneficio cuya legalidad y procedencia deberán ser esclarecidas por las instancias competentes.
La remoción del gerente evita prolongar una crisis que amenazaba con eclipsar los esfuerzos realizados en los últimos meses para estabilizar la aerolínea. También transmite un mensaje importante: quienes ocupan cargos de alta responsabilidad deben ser conscientes de que su conducta pública está sometida a un escrutinio permanente y que la confianza ciudadana puede perderse mucho más rápido de lo que cuesta construirla.
No era un momento cualquiera para ausentarse. Valdivia había asumido la conducción de BoA hace menos de tres meses, precisamente con el desafío de rescatar una empresa que venía arrastrando problemas estructurales: una flota disminuida, millonarias deudas, reiterados retrasos en los vuelos y una imagen deteriorada entre los usuarios. La magnitud de esa tarea exigía dedicación absoluta y una presencia constante al frente de la institución.
Incluso si el viaje hubiera estado amparado en una licencia legalmente concedida, el juicio sobre la oportunidad de esa decisión es inevitable. Los ciudadanos esperan que quien dirige una empresa pública en pleno proceso de recuperación priorice la solución de los problemas cotidianos antes que cualquier actividad de carácter personal.
A ello se suman las denuncias sobre un eventual uso de beneficios tarifarios que, de confirmarse, podrían configurar un abuso de confianza. Corresponderá a la Fiscalía determinar si existieron delitos como uso indebido de influencias o conducta antieconómica. El debido proceso debe respetarse plenamente, pero ello no impide reconocer que la dimensión política y ética del caso ya hacía insostenible la continuidad del ejecutivo.
El Ministerio de Obras Públicas dispuso finalmente la destitución de Valdivia, tras una vacilación inicial. Pero esta decisión debe ser apenas el primer paso. El verdadero desafío comienza ahora con la designación de un nuevo gerente capaz de conducir la transformación de BoA. La aerolínea necesita un liderazgo profesional, con experiencia en gestión empresarial, independencia técnica y una conducta ética que esté fuera de toda duda.
La política de cielos abiertos que el Gobierno ha anunciado requerirá una empresa estatal mucho más eficiente y competitiva. Ese objetivo no se alcanzará únicamente con nuevas aeronaves o mejores indicadores financieros. También exige recuperar la credibilidad institucional. La principal lección de este episodio es que la confianza pública comienza por el ejemplo de quienes ocupan los más altos cargos. Ninguna estrategia de modernización puede prosperar si la ética queda en tierra mientras sus autoridades despegan a la diversión.