El 8 de noviembre de 2025, durante su posesión presidencial, Rodrigo Paz eligió una imagen cargada de simbolismo: camiones cisterna ingresando al país con combustibles. Era la promesa de que terminarían las interminables filas, la incertidumbre y el desabastecimiento heredados del gobierno de Luis Arce. Días después llegaron las denuncias sobre presuntas irregularidades en YPFB, el anuncio de una Comisión de la Verdad y la promesa de reconstruir un sistema energético que ya mostraba señales de agotamiento. El país creyó que comenzaba una nueva etapa.
Ocho meses después, el balance dista mucho de aquellas expectativas. El ajuste al precio de los carburantes fue posible gracias al capital político que el nuevo Gobierno acumuló en sus primeros días, pero la ejecución terminó convirtiéndose en un serio problema. La gasolina desestabilizada dañó miles de motores, las explicaciones oficiales nunca lograron convencer y la crisis terminó cobrándose dos cabezas: la del presidente de YPFB y la del ministro de Hidrocarburos. El daño reputacional, sin embargo, permanece intacto.
Superado ese episodio, el país volvió al punto de partida. Las filas por diésel siguen siendo parte del paisaje cotidiano, especialmente en Santa Cruz, Beni y Cochabamba, donde el combustible no mueve únicamente vehículos: mueve la producción de alimentos. A ello se suma ahora la escasez de gas licuado de petróleo, que obliga a cientos de familias a recorrer barrios enteros en busca de una garrafa. La sensación es inquietante porque recuerda demasiado a los peores momentos de la administración anterior.
Pero el verdadero problema no está en las filas. Está debajo de ellas.
Bolivia consume cada vez más energía y produce cada vez menos hidrocarburos. Las reservas de gas natural disminuyen con rapidez, la exploración permanece rezagada y la prometida nueva Ley de Hidrocarburos continúa siendo un anuncio. Ocho meses después de haber asumido el poder, el Gobierno todavía no presentó una propuesta concreta para reformar un sector que perdió capacidad de inversión, de producción y de generación de divisas.
Las advertencias nunca faltaron. Economistas, ingenieros, empresarios, universidades y organismos especializados coincidieron durante años en que el país necesitaba un nuevo marco normativo para atraer inversiones y revertir la caída de las reservas. Esa discusión incluso ocupó un lugar central durante la campaña electoral. Sin embargo, una vez en el Gobierno, la urgencia parece haberse diluido en la burocracia.
Y ahí reside la mayor preocupación. Las filas por diésel y GLP son apenas el síntoma visible de una enfermedad mucho más profunda. Si Bolivia no recupera su capacidad de producir hidrocarburos, llegará el día en que importar gasolina y diésel ya no será suficiente. También habrá que importar gas natural para abastecer a la industria, generar electricidad y cumplir los contratos internos. Ese escenario, que hace pocos años parecía impensable para un país que construyó buena parte de su economía sobre la exportación de gas, hoy deja de ser una hipótesis para convertirse en una posibilidad real.
Todavía hay margen para evitar ese desenlace. Pero el tiempo juega en contra. La política energética no puede seguir administrándose con medidas de emergencia mientras las reformas estructurales permanecen archivadas. Gobernar también significa anticiparse a las crisis, no simplemente reaccionar cuando ya estallaron y menos pretender, a estas alturas, echar culpas a los gobiernos del pasado. Ese lamento ya carece de sentido y credibilidad.
Porque las filas pueden desaparecer algún día. Lo que será mucho más difícil de recuperar es un país que dejó agotarse, sin reemplazo, la principal fuente de energía y de riqueza de su economía. Y es hora de que el Gobierno actúe con responsabilidad histórica, sin cálculos políticos.