Hay distancias que se miden en kilómetros.
Otras en metros.
Y algunas, las más difíciles de recorrer, se miden en desconfianza.
La Paz y El Alto están separadas por apenas unos minutos de viaje. Un teleférico las conecta. Una autopista las une. Miles de personas cruzan diariamente de una ciudad a otra para trabajar, estudiar o simplemente vivir. Sin embargo, los acontecimientos políticos de las últimas semanas nos recuerdan que existen distancias que ninguna obra de infraestructura puede resolver por sí sola.
Cuando observamos las movilizaciones, los bloqueos, el desabastecimiento, las filas interminables para conseguir combustible y el creciente clima de confrontación política, solemos concentrarnos en los hechos inmediatos. ¿Quién convocó la protesta? ¿Quién ganó la disputa? ¿Qué cálculo electoral existe detrás de cada movimiento? ¿Quién será el principal beneficiario o perjudicado de la crisis?
Son preguntas necesarias, pero insuficientes. Porque bajo la superficie de la coyuntura ocurre algo más profundo.
Lo que estamos viendo no es únicamente una disputa política. Estamos asistiendo a la expresión visible de una fractura emocional que Bolivia arrastra desde hace décadas.
Toda sociedad tiene heridas.
La diferencia está en si decide curarlas o administrarlas.
Y Bolivia, muchas veces, ha optado por la segunda alternativa.
Nos hemos acostumbrado a convivir con nuestras fracturas. Las hemos incorporado a la normalidad nacional. Como quien aprende a vivir con una grieta en la pared y deja de verla.
Pero las grietas nunca desaparecen. Esperan. Y cuando las circunstancias son propicias vuelven a hacerse visibles.
Algo de eso ocurre hoy entre La Paz y El Alto.
Durante años se construyó la imagen de dos ciudades inseparables. Y en muchos aspectos lo son. Comparten territorio, economía, historia y destino. Sin embargo, también representan experiencias distintas de la vida boliviana.
La Paz encarna buena parte de la institucionalidad estatal. El Alto simboliza una de las expresiones más vigorosas de organización popular del continente.
La Paz concentra ministerios, tribunales y oficinas públicas. El Alto conserva una memoria colectiva marcada por las luchas sociales, la migración, la resistencia y la búsqueda permanente de reconocimiento.
Ninguna de estas identidades es superior a la otra.
El problema aparece cuando las diferencias dejan de ser complementarias y comienzan a percibirse como incompatibles.
Cuando el otro deja de ser un ciudadano para convertirse en una amenaza.
Cuando la discrepancia se transforma en enemistad.
Cuando la política deja de ser un espacio de deliberación para convertirse en una guerra de identidades.
La filosofía política lleva siglos advirtiendo sobre este peligro. Las democracias no fracasan únicamente por golpes de Estado o por crisis económicas. También fracasan cuando sus ciudadanos dejan de reconocerse mutuamente como parte de una comunidad compartida.
Y quizás esa sea la sensación dominante de nuestro tiempo. La pérdida progresiva de confianza. Desconfiamos de los políticos. Desconfiamos de las instituciones. Desconfiamos de los medios. Desconfiamos de la justicia. Desconfiamos incluso de quienes piensan diferente.
La sospecha se ha convertido en una forma de ciudadanía. Y una democracia no puede sostenerse indefinidamente sobre la sospecha. Toda comunidad necesita un mínimo de confianza para sobrevivir. No una confianza ingenua. No una confianza ciega, sino la convicción básica de que el otro también forma parte del mismo destino nacional.
Por eso resulta tan inquietante el lenguaje que domina el debate público. Ya no discutimos ideas. Discutimos identidades. Ya no confrontamos argumentos. Confrontamos pertenencias.
La pregunta ha dejado de ser qué es lo mejor para Bolivia y se ha convertido en quién tiene derecho a hablar en nombre de Bolivia. Y cuando una sociedad llega a ese punto, comienza a desgastarse desde adentro.
Las tensiones recientes han puesto nuevamente sobre la mesa una posibilidad que merece una reflexión profunda: la eventual aplicación de un estado de excepción. La sola mención de esta figura jurídica debería invitarnos a pensar más allá de las urgencias del momento.
Toda democracia contempla mecanismos extraordinarios para circunstancias extraordinarias. El problema no está en que existan. El problema aparece cuando lo excepcional comienza a presentarse como una solución política ordinaria.
Un estado de excepción puede ser legal. Pero eso no significa que deje de ser peligroso. Porque restringir derechos, ampliar facultades coercitivas o incrementar la presencia de la fuerza pública no son actos neutros. Son decisiones que modifican temporalmente la relación entre el Estado y los ciudadanos.
Y cuando esa relación se redefine bajo el signo del miedo, la democracia entra en una zona delicada.
La pregunta fundamental no es solamente si el Gobierno puede declarar un estado de excepción.
La pregunta es si debe hacerlo.
Y, sobre todo, qué nos dice como sociedad el hecho de que esa posibilidad haya ingresado al debate público.
Tal vez la verdadera cuestión no sea jurídica sino política.
¿Qué revela de nuestras instituciones que la excepcionalidad aparezca como alternativa?
¿Qué revela de nuestra cultura democrática?
¿Qué revela de nuestra capacidad para resolver conflictos mediante el diálogo?
Cuando una democracia necesita acudir constantemente a medidas extraordinarias, algo anterior ya ha comenzado a fallar.
Ha fallado la representación.
Ha fallado la escucha.
Ha fallado la negociación.
Ha fallado la construcción de confianza.
Por supuesto que el Estado tiene la obligación de garantizar la circulación, proteger a la población y preservar el orden público.
Nadie puede negar la angustia de quienes ven amenazada su economía familiar, su trabajo o su abastecimiento cotidiano.
Pero el orden, por sí solo, nunca ha sido suficiente.
Hay órdenes que construyen ciudadanía.
Y hay órdenes que producen silencio.
La diferencia entre ambos está en el respeto a la dignidad humana, en la proporcionalidad de las decisiones y en la capacidad de distinguir entre autoridad y autoritarismo.
Las democracias se ponen a prueba precisamente en estos momentos.
No cuando reina la calma.
No cuando todos están de acuerdo.
Sino cuando la incertidumbre, la rabia y el miedo presionan para adoptar decisiones extremas.
La historia latinoamericana ofrece demasiados ejemplos de cómo las excepciones terminan convirtiéndose en costumbre.
Por eso la prudencia democrática sigue siendo una de las virtudes políticas más importantes.
Porque el verdadero riesgo de la excepción no es solamente el abuso inmediato.
Es la pedagogía que deja.
Enseña a los gobernantes que los conflictos pueden resolverse mediante la fuerza.
Enseña a los ciudadanos que los derechos pueden convertirse en concesiones temporales.
Y enseña a la sociedad que la normalidad democrática es más frágil de lo que imaginaba.
Quizás por eso el debate actual debería llevarnos a una reflexión más profunda.
No sobre la fuerza del Estado.
Sino sobre la debilidad de nuestros vínculos.
Porque toda crisis termina revelando aquello que durante mucho tiempo permaneció oculto.
Y lo que esta crisis parece mostrarnos es que seguimos sin resolver preguntas fundamentales acerca de quiénes somos como comunidad política.
Seguimos atrapados entre memorias que no terminan de reconciliarse.
Entre desigualdades que persisten.
Entre resentimientos que cambian de forma, pero no desaparecen.
Entre promesas que se repiten con distintos nombres.
Sin embargo, incluso en medio de este escenario existe una posibilidad.
Las crisis también son momentos de verdad.
Nos obligan a mirar aquello que preferíamos ignorar.
Nos obligan a reconocer los límites de nuestras certezas.
Y nos recuerdan que ninguna nación puede construirse exclusivamente sobre el conflicto.
La Paz y El Alto ofrecen una poderosa metáfora para pensar el país.
Una ciudad se aferra a las montañas.
La otra desafía la altura.
Ambas sobreviven en condiciones que parecerían imposibles.
Ambas han aprendido a resistir.
Pero quizás ha llegado el momento de preguntarnos si resistir es suficiente.
Porque los pueblos que únicamente resisten terminan agotándose.
Los pueblos que construyen encuentran razones para permanecer juntos.
Tal vez la distancia más importante que debemos recorrer no sea la que separa a El Alto de La Paz.
Ni la que divide a oficialistas y opositores.
Ni siquiera la que separa a gobernantes y gobernados.
Quizás la distancia decisiva sea la que existe entre nuestras certezas y nuestra capacidad de escucharnos.
Entre el miedo y la confianza.
Entre la imposición y el diálogo.
Entre la excepción y la democracia.
Porque al final de todo, cuando las movilizaciones concluyan, cuando los liderazgos cambien y cuando la coyuntura pase, permanecerá una pregunta esencial.
¿Qué tipo de país queremos dejar después de la crisis?
La respuesta no depende únicamente de quienes gobiernan.
Depende de todos nosotros.
Y quizás sea precisamente allí donde comienza la verdadera política.
(*) Gloria Ardaya es escritora y estudiante de Filosofía