Hay momentos en la vida pública en los que las declaraciones políticas, las explicaciones mediáticas y los discursos dejan de ser suficientes. Ese momento parece haber llegado para el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, quien fue citado a declarar por el Ministerio Público en calidad de denunciado, en el marco de una investigación por presuntos delitos de malversación de fondos y manipulación relacionados con el manejo de créditos municipales destinados a la construcción del viaducto del cuarto anillo y la doble vía a La Guardia, por un monto de 66 millones de bolivianos. A ello se suman otros dos créditos para obras inconclusas o nunca ejecutadas que elevan el monto observado por encima de los Bs. 190 millones.
No corresponde anticipar culpabilidades ni emitir condenas desde la opinión pública. Esa es una tarea exclusiva de la justicia. Sin embargo, sí corresponde exigir que la investigación avance con independencia, transparencia y celeridad. En un Estado de derecho nadie debería estar por encima de la ley, mucho menos quienes administraron recursos provenientes del esfuerzo de miles de contribuyentes.
Los créditos públicos no son simples operaciones financieras. Representan compromisos que terminan pagando los ciudadanos durante años, incluso décadas. Cuando esos recursos no se traducen en infraestructura, servicios o beneficios concretos para la población, la consecuencia es doble porque se pierde dinero y se desgasta la confianza en las instituciones.
La pregunta que hoy se hace la ciudadanía es sencilla: ¿dónde están las obras? Si los préstamos fueron aprobados para proyectos específicos, la sociedad tiene derecho a conocer en qué se invirtió cada boliviano, qué avances físicos registraron las construcciones, cuáles fueron los obstáculos y quiénes tomaron las decisiones administrativas y financieras. No basta con atribuir retrasos a factores externos o a la burocracia. La rendición de cuentas es una obligación democrática, no una concesión política.
La comparecencia del exalcalde cruceño ante el Ministerio Público, constituye una prueba para el propio sistema judicial boliviano. Durante demasiado tiempo, numerosos procesos por presuntos hechos de corrupción terminaron archivados, paralizados o contaminados por intereses políticos. Esa historia ha alimentado el escepticismo ciudadano y la percepción de que la justicia actúa con distinta intensidad según el poder o la influencia de los investigados.
Precisamente por ello, este caso merece un tratamiento estrictamente técnico y jurídico. Si las investigaciones concluyen que no existieron irregularidades, corresponde que así se establezca con pruebas y fundamentos sólidos. Pero si se demuestra que hubo malversación, manipulación de recursos, incumplimiento de deberes o cualquier otro delito contra el patrimonio público, la respuesta del Estado debe ser firme y ejemplar, sin privilegios ni negociaciones políticas.
Más allá del desenlace judicial, este episodio vuelve a poner sobre la mesa una vieja deuda institucional por la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización del gasto público y garantizar que los créditos municipales sean administrados con criterios de eficiencia, transparencia y control social. La prevención sigue siendo mucho más efectiva que la persecución posterior.
¿Rendirá cuentas Jhonny Fernández? Esa respuesta empieza con su obligación de comparecer, responder cada observación y aportar toda la documentación necesaria. ¿Le caerá el peso de la justicia si es hallado culpable? En una democracia auténtica, la respuesta solo puede ser una: sí. No por revancha política ni por presión mediática, sino porque la ley debe aplicarse con igualdad y porque administrar recursos públicos implica asumir responsabilidades.
La ciudadanía no espera espectáculos judiciales ni persecuciones selectivas. Espera verdad, pruebas, debido proceso y justicia. Porque cuando desaparece la confianza en el manejo de los recursos públicos, lo que está en juego no es únicamente el destino de un exalcalde, sino la credibilidad de las instituciones y la calidad misma de la democracia.