La temporada de incendios forestales apenas comienza y Bolivia vuelve a enfrentarse a una escena demasiado conocida: montañas cubiertas de humo, brigadistas combatiendo las llamas, comunidades amenazadas y miles de hectáreas consumidas por el fuego. En los últimos días, Tarija concentró la atención nacional por la magnitud de los incendios que obligaron a desplegar personal especializado, aeronaves y equipos de emergencia. Las autoridades informaron que los principales focos fueron controlados, pero la emergencia volvió a recordar que el país llega, una vez más, sin haber resuelto las causas de un problema que se repite con inquietante puntualidad.
Sería un error entender estos episodios como simples accidentes provocados por el clima. Los incendios forestales se han convertido en una tragedia previsible. Cada invierno se reproduce la misma secuencia: quemas autorizadas o ilegales, condiciones de sequía y viento, incendios fuera de control, movilización de bomberos y, finalmente, llamados a la solidaridad y a la cooperación internacional. Cuando llegan las lluvias, el tema desaparece del debate público, pero no así las condiciones que alimentan el siguiente desastre. Bolivia no enfrenta un fenómeno excepcional; enfrenta un problema estructural que sigue sin corregirse.
Una de las mayores debilidades está en el propio Estado. La Ley 602 de Gestión de Riesgos, concebida para organizar la respuesta ante desastres, terminó convirtiéndose en un procedimiento excesivamente burocrático. La cantidad de requisitos administrativos para declarar emergencias o desastres nacionales ralentiza la toma de decisiones y dificulta la gestión oportuna de cooperación internacional. En la práctica, el país parece obligado a demostrar primero la magnitud de la tragedia antes de acceder a todos los mecanismos de apoyo.
A esa fragilidad institucional se suma una contradicción aún más profunda. Mientras cada año se lamentan los incendios y sus consecuencias ambientales, Bolivia mantiene vigente un marco legal que sigue permitiendo las quemas. Normas como las leyes 741 y 1171, cuestionadas durante años por organizaciones ambientales y especialistas, nunca fueron derogadas ni por la anterior ni por la actual Asamblea Legislativa. En consecuencia, el uso del fuego como herramienta para la habilitación de tierras continúa siendo una práctica legal bajo determinadas condiciones, y cuando las quemas se descontrolan, las sanciones previstas resultan insuficientes frente al daño ambiental que provocan. Es difícil combatir con firmeza un problema que la propia legislación todavía tolera.
No se trata de desconocer el esfuerzo de los bomberos, militares, voluntarios y comunidades que cada año arriesgan su integridad para contener las llamas. Tampoco de minimizar la importancia de una respuesta rápida cuando la emergencia ya está declarada. El problema es que Bolivia ha concentrado todos sus esfuerzos en apagar incendios y muy pocos en evitar que ocurran. La prevención sigue siendo el eslabón más débil de una política pública que reacciona mejor de lo que planifica.
Los incendios forestales dejaron hace tiempo de ser una contingencia para convertirse en una política pendiente. Mientras la respuesta continúe atrapada en procedimientos burocráticos y el país mantenga normas que facilitan las quemas, cada invierno volverá acompañado por el mismo humo, las mismas pérdidas y las mismas promesas de cambio. La verdadera emergencia no es únicamente el fuego que consume los bosques; es la incapacidad de aprender de una tragedia que Bolivia conoce de memoria.