La autonomía económica regional se mantiene como una de las principales demandas centrales y estructurales en Bolivia. A pesar de que la nueva Constitución Política del Estado, promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, reconoce las autonomías departamentales y concede a los nueve departamentos la capacidad de autogobierno y de administración de sus recursos, en el país todavía predomina el histórico modelo centralista que provoca fricciones entre el Estado central y las regiones.
Esto se debe a que los gobiernos departamentales y municipales dependen de la redistribución y coparticipación definida por las autoridades nacionales asentadas en La Paz. Este centralismo ha provocado asimetrías fiscales, limitando la capacidad de las regiones para captar ingresos por concepto de coparticipación tributaria y de gestionar sus propios ingresos.
El pacto fiscal representa una demanda histórica de Santa Cruz y que se ha extendido a otros departamentos dirigida a alcanzar una mayor descentralización administrativa, contar con estabilidad financiera y equidad económica en los departamentos.
Desde el Comité pro Santa Cruz se propone “desarrollar una nueva distribución de la coparticipación tributaria, principal fuente de recursos de los gobiernos autónomos subnacionales y de las universidades del sistema público nacional. 50% para la administración del gobierno central y el otro 50% distribuido de la siguiente manera: 25% para los municipios, 18% para las gobernaciones y 7% para las universidades”.
Para los cívicos cruceños, la propuesta no solo es prudente, sino mínima en la senda de consolidar la participación de los ciudadanos en las decisiones y soluciones a los problemas que enfrentan, desde el propio terreno, sin tener que peregrinar hacia los laberintos de un ineficiente sistema centralista que tanto subdesarrollo le ha traído a Bolivia.
Entendiendo que la descentralización de los recursos económicos es una de las medidas viables para solucionar problemas estructurales en Bolivia, gobernadores de Beni, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Tarija y Santa Cruz, además de una representación de Pando, se reunieron este jueves en El Alto para delinear una propuesta de cinco puntos que consideran fundamentales para sentar las bases de negociación con el gobierno del presidente Rodrigo Paz para alcanzar un acuerdo con el 50/50.
Para avanzar, los gobernadores consideran necesario, entre otros aspectos, la abrogación de las leyes y decretos que confiscan ilegalmente los recursos de las regiones y de las gobernaciones.
Las autoridades departamentales coinciden en que la discusión del 50/50 tiene que pasar por una redistribución de coparticipación de al menos un impuesto de manera gradual, a partir de 2027 y que se concrete hasta el 2031.
Las propuestas serán debatidas y afinadas hasta el 5 de agosto, fecha en que el jefe de Estado convocó a los gobernadores de los nueve departamentos a una reunión en la ciudad de Sucre. El encuentro se producirá en vísperas del aniversario patrio.
Lo que está claro para las instituciones de Santa Cruz es que el pacto fiscal no solo significa tener un acuerdo sobre la “adecuada” asignación o reasignación de los recursos económicos producto de la explotación de los recursos naturales y los otros ingresos generados por todo el Estado, sino que debe contener principios mínimos para que sea exitoso.