Bolivia atraviesa una escalada de violencia criminal que ha dejado de ser una sucesión de hechos aislados para convertirse en una amenaza directa contra la seguridad pública, la institucionalidad democrática y la convivencia ciudadana. Lo ocurrido últimamente en San Ignacio de Velasco, donde dos personas fueron ejecutadas dentro de un galpón en un barrio de la capital velasquina, no constituye un episodio excepcional. Es un nuevo eslabón de una cadena de asesinatos con características propias de ajustes de cuentas y sicariato que se extiende con inquietante frecuencia, especialmente en Santa Cruz.
Las cifras hablan por sí solas y deberían encender todas las alarmas. En apenas siete meses, once de las dieciocho muertes violentas registradas en el país bajo patrones compatibles con ejecuciones criminales ocurrieron en territorio cruceño. No se trata únicamente de un incremento estadístico. Se trata de la consolidación de un fenómeno que evidencia la capacidad operativa de organizaciones criminales, la circulación de armas, la profesionalización del sicariato y, lo más preocupante, la creciente sensación de que estos grupos actúan con una audacia incompatible con la presencia efectiva del Estado.
Existen indicios de que esta ola de violencia responde, al menos en parte, a la disputa por espacios de poder dentro del narcotráfico tras la captura y posterior traslado a Estados Unidos del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Cuando un liderazgo criminal desaparece del escenario, las estructuras ilegales no desaparecen con él; por el contrario, suelen fragmentarse y abrir violentas pugnas por el control de rutas, territorios, contactos y mercados. Bolivia no puede convertirse en el escenario donde esas disputas se resuelvan a sangre y fuego.
Sin embargo, reducir el problema exclusivamente a la reorganización de grupos narcotraficantes sería un grave error. La expansión del crimen organizado también encuentra terreno fértil en las debilidades institucionales acumuladas durante años como sistemas de inteligencia insuficientes, investigaciones que avanzan con lentitud, escasa coordinación entre organismos de seguridad y justicia, y una preocupante percepción de impunidad. Cada asesinato que queda sin esclarecer fortalece el mensaje de que matar puede no tener consecuencias. Ese es el verdadero combustible de la violencia.
Santa Cruz, por su condición de principal motor económico del país, de frontera estratégica y de nodo logístico regional, enfrenta una presión criminal particularmente intensa. Precisamente por ello requiere una respuesta extraordinaria. No bastan operativos esporádicos ni declaraciones de ocasión. Es indispensable una estrategia integral que fortalezca la inteligencia policial, profundice la cooperación internacional, ataque las estructuras financieras del crimen organizado y garantice investigaciones rápidas, independientes y eficaces.
El país necesita recuperar el monopolio legítimo de la fuerza y demostrar que ninguna organización criminal está por encima de la ley. La ciudadanía no puede acostumbrarse a leer cada semana sobre nuevos asesinatos ejecutados a sangre fría, como si fueran parte inevitable del paisaje cotidiano. La normalización de la violencia constituye una derrota colectiva y un triunfo para quienes pretenden imponer el miedo como mecanismo de control.
Bolivia aún está a tiempo de impedir que el sicariato y las organizaciones criminales consoliden un poder paralelo. Pero ese tiempo se agota. Cada nueva ejecución, cada investigación inconclusa y cada respuesta insuficiente acercan al país a un escenario donde la violencia deja de ser una excepción para convertirse en una forma habitual de resolver disputas. Esa es una frontera que una democracia no puede permitirse cruzar.