Las largas filas en los surtidores son la expresión más visible de la crisis de combustibles. Pero existe otra, menos evidente y mucho más preocupante: la que comienza a sentirse en los campos donde se producen los alimentos que llegan diariamente a la mesa de los bolivianos. Hoy, la escasez de diésel amenaza la producción agropecuaria, las exportaciones y la generación de divisas, tres pilares fundamentales para una economía que atraviesa uno de sus momentos más delicados.
Las señales provienen de prácticamente toda la cadena productiva. El sector avícola vende el pollo por debajo de su costo de producción y advierte que muchas granjas podrían dejar de operar, reduciendo la oferta en las próximas semanas. Los arroceros hablan de una “agonía financiera y operativa” después de pérdidas millonarias que dejan a miles de familias sin recursos para volver a sembrar. La zafra cañera avanza con serias dificultades y pone en riesgo no solo la producción de azúcar para el mercado interno, sino también las exportaciones que generan divisas y la provisión de etanol que ayuda a reducir la importación de gasolina. En Cochabamba, el retraso en la siembra de hortalizas y verduras amenaza con trasladar el problema a los mercados de todo el país.
La explicación oficial también merece ser escuchada. YPFB sostiene que el combustible está ingresando al país y atribuye las dificultades a una logística que todavía no recupera su ritmo normal después de los bloqueos y a la aplicación de nuevos controles de calidad para evitar la distribución de carburantes fuera de especificación. Garantizar combustibles seguros es una obligación del Estado y nadie podría objetar ese propósito.
Sin embargo, el problema ya no parece ser únicamente burocrático. Una cosecha no puede esperar a que concluya un trámite, un análisis de laboratorio o un proceso administrativo. Los ciclos agrícolas y pecuarios obedecen al clima, a la biología y al calendario productivo. Cuando esos tiempos se rompen, las pérdidas dejan de ser coyunturales y comienzan a comprometer la siguiente campaña, el empleo rural, el abastecimiento de alimentos y la estabilidad económica.
A menudo estas crisis se explican con cifras, porcentajes o millones de litros de combustible. Pero la realidad cotidiana es mucho más simple. Para millones de bolivianos, especialmente en los hogares de menores ingresos, la comida de cada día suele resumirse en un plato de pollo con arroz. Más allá de cualquier análisis nutricional, esa combinación representa el alimento básico de miles de familias. Si esa producción deja de estar garantizada, el problema se convierte en una preocupación social. Donde faltan alimentos suficientes y accesibles, aparecen el hambre, la incertidumbre y el desconsuelo.
Bolivia ya tuvo una advertencia durante los 53 días de bloqueos. Las ciudades de La Paz y El Alto vivieron en carne propia las dificultades para acceder a alimentos básicos y comprobaron que la seguridad alimentaria no puede darse por descontada. Hoy las alarmas vuelven a encenderse, esta vez desde quienes producen el pollo, el arroz, el azúcar y las hortalizas que abastecen al país. ¿Hasta cuándo se responderá únicamente con explicaciones mientras esas señales se multiplican?
El Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que el diésel llegue a quienes producen. No basta con pedir paciencia ni con anunciar que la normalización llegará en unas semanas. Cada jornada perdida en el campo difícilmente se recupera después, porque, al final, el tiempo de la naturaleza nunca espera al tiempo de la administración pública.