Evo Morales se encuentra refugiado en el trópico de Cochabamba desde hace más de 650 días. El dirigente cocalero se replegó a su bastión político y sindical desde el 18 de septiembre de 2024, cuando un juzgado de Tarija activó una orden de aprehensión en su contra para que responda por la acusación de trata de personas, estupro y explotación infantil, en perjuicio de una menor de 15 años, con la que presuntamente mantuvo una relación sentimental y procreó una hija cuando el ahora prófugo de la justicia ejercía la Presidencia de Bolivia. El juicio fue activado durante el gobierno de su exministro de Economía y aliado político Luis Arce Catacora.
La situación jurídica de Morales se complicó el pasado 11 de mayo cuando un juzgado de Tarija lo declaró rebelde, a consecuencia de su inasistencia al inicio del juicio oral que enfrenta por los cargos antes mencionados. En esa misma resolución, el juez que sigue la causa emitió una nueva orden de aprehensión en su contra.
El Ministerio Público anunció que solicitará una pena de 20 años de cárcel en contra del cocalero. Sin embargo, el proceso se encuentra suspendido sin fecha definida porque solo se reinstalará cuando la Policía aprehenda a Morales o si comparece voluntariamente ante la justicia. Esta última opción es poco probable debido a que el líder sindical se encuentra “resguardado” por miles de productores de la hoja de coca que forman parte de la ilegal guardia sindical.
El equipo de abogados del dirigente cocalero insiste en que se cierre el caso porque supuestamente “no existe víctima”; además, aduce que la declaratoria de rebeldía es ilegal. Según la defensa, el Ministerio Público y el Órgano judicial vulneraron los derechos políticos de su cliente con fines políticos. Intentan reforzar esa versión con el fallido operativo policial realizado en Villa Tunari, el 27 de octubre de 2024, durante el mandato de Arce Catacora. En la oportunidad, Morales denunció un intento de asesinato. A consecuencia de esa batida policial, los cocaleros se organizaron e invadieron la Novena División del Ejército, con sede en el trópico de Cochabamba, donde sustrajeron e incendiaron vehículos. A partir de ese momento, la irregular guardia sindical reforzó la protección en la vivienda del líder cocalero.
A pesar de su “destierro” en Chapare y de su condición jurídica, Morales ha liderado dos movilizaciones para intentar reincorporarse a la actividad política partidaria y participar de elecciones generales, a costa de la vida de personas y de la destrucción de la economía del país.
En mayo de 2025, diferentes delegaciones de mineros, campesinos y cocaleros del trópico de Cochabamba marcharon por las calles de La Paz y protagonizaron enfrentamientos para exigir al TSE que inscribiera su candidatura a la Presidencia en las elecciones generales del 17 de agosto de ese año, a pesar de que fue inhabilitado por una resolución del TCP. En esas protestas, los afines a Morales pedían la renuncia del entonces mandatario Luis Arce, a quien responsabilizaban por la crisis económica.
La fórmula fue repetida entre mayo y junio de este año, cuando los seguidores de Morales, financiados por dinero proveniente del narcotráfico, bloquearon las carreteras por más de 53 días para impedir el ingreso de alimentos, medicinas y combustibles a las principales ciudades del país.
El cocalero denunció que el Gobierno tenía un acuerdo con la agencia estadounidense antidrogas DEA para capturarlo y trasladarlo a una prisión de Estados Unidos, como ocurrió en enero de este año con el entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro. Por causa de esas protestas, unas 25 personas fallecieron, muchas de ellas porque los bloqueadores impidieron su paso a un centro asistencial, mientras que las pérdidas económicas son calculadas en más de $us 15.000 millones. Morales continúa en su refugio, pero sus intentos por evadir la justicia ha costado la vida de cientos de bolivianos y la destrucción del aparato económico nacional.