El rechazo expresado por un grupo de legisladores cochabambinos a la designación del profesional cruceño Zvonko Matkovic Ribera como presidente del directorio de ENDE Valle Hermoso es un preocupante retroceso en la construcción de un Estado que aspire a valorar el mérito por encima del origen geográfico. La exigencia dirigida al presidente Rodrigo Paz para que revoque ese nombramiento y designe, en su lugar, a un cochabambino no solo resulta improcedente desde el punto de vista institucional, sino que revive viejos prejuicios regionales que Bolivia debería haber superado hace mucho tiempo.
Las empresas públicas pertenecen al Estado, no a un departamento en particular. Su conducción debe responder a criterios de capacidad, experiencia, integridad y resultados, jamás a cuotas territoriales ni a presiones políticas de carácter localista. Si el único argumento para objetar a un profesional es haber nacido o desarrollado su carrera en otro departamento, entonces se está legitimando una forma de discriminación incompatible con los principios de igualdad consagrados en la CPE.
La controversia trasciende el caso particular de Matkovic Ribera. Lo verdaderamente preocupante es el mensaje que transmite una posición que parece reducir el acceso a responsabilidades públicas a un criterio de pertenencia regional. Bajo esa lógica, un cruceño no podría dirigir una empresa en Cochabamba, un cochabambino sería cuestionado en Santa Cruz o un paceño vetado en Tarija. Ese camino conduce a la fragmentación institucional y alimenta una peligrosa visión patrimonialista de las entidades estatales.
Bolivia ha sufrido durante décadas las consecuencias de rivalidades regionales exacerbadas por intereses políticos coyunturales. Esas tensiones han derivado, en más de una ocasión, en expresiones de racismo, exclusión y descalificación mutua que solo debilitan la cohesión nacional. Resulta especialmente lamentable que, en lugar de contribuir a cerrar esas heridas, algunos representantes públicos opten por reabrirlas apelando a un discurso que enfrenta a bolivianos entre sí.
La crítica legítima a una designación siempre debe estar sustentada en elementos objetivos. Si existieran cuestionamientos sobre la trayectoria profesional, la capacidad técnica o la idoneidad ética del designado, corresponde plantearlos con argumentos y pruebas. Pero cuando el reparo se limita al lugar de procedencia del profesional, el debate abandona el terreno de la institucionalidad para ingresar al de la discriminación.
Más aún, la postura asumida por los parlamentarios vallunos proyecta una imagen de mezquindad política que termina perjudicando al propio departamento que dicen defender. Cochabamba cuenta con profesionales altamente calificados, al igual que el resto del país. Reconocer esa realidad implica comprender que el talento no tiene domicilio exclusivo ni fronteras departamentales. La competencia profesional no puede ser reemplazada por un criterio de origen territorial sin afectar la calidad de la gestión pública.
Corresponde al Gobierno sostener sus decisiones sobre la base de criterios técnicos y no ceder ante presiones que, lejos de fortalecer la institucionalidad, la subordinan a intereses sectoriales. Del mismo modo, los legisladores tienen la responsabilidad de fiscalizar con objetividad, no de promover vetos sustentados en identidades regionales y divisiones estériles que solo benefician a quienes hacen de la confrontación una herramienta política.
El mérito debe ser el único pasaporte para ejercer funciones públicas. Todo lo demás constituye un retroceso incompatible con la democracia, la igualdad y la unidad nacional.