La carretera que une Santa Cruz de la Sierra con Warnes, Montero y el Norte Integrado es una de las principales arterias económicas del país. Por ella circulan diariamente miles de vehículos que transportan pasajeros, alimentos y buena parte de la producción agropecuaria destinada al mercado interno y a la exportación. Sin embargo, esa vía estratégica ha llegado a un punto crítico de deterioro. Lo más preocupante es que la propia Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reconoce que agotó su vida útil hace varios años y que, durante más de una década, los recursos destinados a su mantenimiento fueron insuficientes para evitar su degradación.
Esa admisión trasciende el caso de una sola carretera. Revela una deficiencia estructural en la política de infraestructura vial del país. Durante años, Bolivia concentró sus inversiones en construir nuevas obras, pero relegó la conservación de las ya existentes. El resultado es una red vial que envejece aceleradamente y cuya recuperación demanda inversiones mucho mayores que las que habría requerido un mantenimiento oportuno.
Las consecuencias van mucho más allá de la incomodidad para los conductores. Una carretera deteriorada incrementa los costos del transporte, eleva el consumo de combustible, acelera el desgaste de los vehículos y retrasa la distribución de mercancías. En un departamento como Santa Cruz, donde la producción agropecuaria abastece buena parte del mercado nacional y sostiene una porción importante de las exportaciones, esas deficiencias terminan afectando la competitividad del país y encareciendo los productos que llegan a las familias bolivianas.
Existe, además, un componente de seguridad que no puede minimizarse. Los enormes baches, los hundimientos, la escasa señalización y la falta de iluminación convierten estas rutas en escenarios propicios para accidentes que podrían evitarse con una adecuada política de conservación. La infraestructura vial no solo debe facilitar el transporte; tiene la obligación de proteger la vida de quienes la utilizan.
El deterioro de la ruta al Norte Integrado tampoco constituye una excepción. La carretera Bioceánica, varios tramos hacia los valles cruceños, la avenida G-77 y otras vías fundamentales presentan problemas similares. La coincidencia demuestra que el país carece de una estrategia sostenida de mantenimiento preventivo y que continúa actuando cuando el daño ya es irreversible.
También resulta legítimo que la ciudadanía exija mayor transparencia respecto al destino de los recursos recaudados por concepto de peajes. Quienes contribuyen al financiamiento de la Red Vial Fundamental tienen derecho a conocer cuánto se recauda, cómo se distribuyen esos recursos y qué porcentaje se destina efectivamente a la conservación de las carreteras. La confianza pública también se construye con información clara y rendición de cuentas.
Toda infraestructura tiene una vida útil, pero esa vida puede prolongarse significativamente cuando existe planificación, mantenimiento periódico y recursos suficientes. Descuidar esa tarea no solo deteriora el patrimonio público; también compromete la seguridad alimentaria, encarece las exportaciones y reduce la competitividad de la economía nacional.
Bolivia necesita cambiar su enfoque. Construir nuevas carreteras seguirá siendo importante, pero preservar las existentes debe convertirse en una política de Estado. Mantener una vía estratégica nunca será tan visible como inaugurar una nueva, pero es una decisión mucho más responsable, rentable y beneficiosa para el desarrollo del país.