No existe una causa capaz de justificar la guerra. Ningún argumento geopolítico, ninguna disputa territorial, ninguna diferencia ideológica puede explicar que, en pleno siglo XXI, la humanidad continúe resolviendo sus conflictos mediante la destrucción y la muerte. La tecnología ha llevado al ser humano a conquistas científicas extraordinarias, pero también ha perfeccionado el arte de matar. Drones, misiles de precisión e inteligencia artificial conviven con una realidad inalterable: las víctimas siguen siendo personas de carne y hueso.
Bolivia acaba de descubrir que esa tragedia ya no ocurre únicamente en lugares lejanos. Llegó hasta Santa Cruz, donde dos familias velan a Iván Valdivia y José María Soleto sin ataúdes y sin cuerpos. No tienen una confirmación oficial de sus muertes, tampoco un lugar donde llorarlos. Solo fotografías, incertidumbre y el relato de dos jóvenes que partieron convencidos de que viajarían a trabajar como albañiles o electricistas y terminaron combatiendo en una guerra que no era la suya.
Ese detalle cambia por completo la dimensión del problema. No estamos frente a ciudadanos que, plenamente conscientes, decidieron enrolarse en una fuerza armada. Los testimonios conocidos muestran un patrón mucho más preocupante: ofertas de empleo difundidas por redes sociales, promesas de salarios imposibles para la realidad boliviana, contratos redactados en un idioma incomprensible y jóvenes vulnerables que descubrieron demasiado tarde que el destino no era una obra de construcción, sino el frente de batalla. Si esas circunstancias se confirman, ya no estaremos únicamente ante una historia de migración desesperada. Estaremos frente a un posible caso de trata de personas con fines de explotación militar.
La respuesta del Estado no puede limitarse a expresar preocupación. La investigación anunciada por la Fiscalía y las acciones consulares son un primer paso, pero el desafío es mucho mayor. Bolivia necesita identificar a quienes organizan estos reclutamientos, determinar cómo operan, quién financia los viajes y qué redes internacionales participan en una actividad que aprovecha la necesidad económica de cientos de jóvenes. Detrás de cada oferta engañosa puede existir una estructura criminal que convierte la pobreza en materia prima para la guerra.
Pero también conviene mirar hacia adentro. Ningún reclutador tendría éxito si miles de jóvenes encontraran oportunidades suficientes en su propio país. Resulta imposible ignorar que las promesas de ganar entre 4.000 y 7.000 dólares mensuales solo seducen cuando el horizonte cotidiano está marcado por el desempleo, la informalidad y la falta de expectativas. La guerra no solo recluta soldados; también recluta desesperación y se alimenta de personas que actúan por necesidad.
Bolivia debe hacer todo lo posible por traer de regreso a quienes aún puedan ser rescatados, acompañar a las familias que viven esta incertidumbre y perseguir con firmeza a quienes lucran con el engaño. Pero esa respuesta será incompleta si no se acompaña de una política preventiva que advierta sobre estos mecanismos de captación y reduzca las condiciones que los hacen posibles.
Porque, al final, las armas no solo matan en el campo de batalla. También lo hacen mucho antes, cuando la necesidad obliga a un joven a creer que la única oportunidad para cambiar su destino está a miles de kilómetros de su hogar. Y cuando eso ocurre, la guerra deja de ser un conflicto ajeno para convertirse, también, en una tragedia boliviana.